“Para ser más precisos, todavía no hay evidencias de que se haya cometido (o intentado cometer) un gran fraude electoral. Pero esa puerta no se puede cerrar hasta que no haya terminado el proceso de revisión y ajuste que está en curso”
POR: Pedro Medellín Torres
Director
Revista Alternativa
Dicen los que saben, que en unas elecciones, un registrador es una especie de arbitro que debe administrar las desconfianzas de una sociedad en la que todos sospechan de todos. Que su tarea consiste en asegurar que al final de los escrutinios todos acepten los resultados y queden convencidos de que sus sospechas eran infundadas. Pero cuando al final del proceso todos quedan con una desconfianza mayor en los resultados, la tarea del registrador ha fracasado. En el momento en que eso sucede, cualquiera que haya ganado se queda sin legitimidad. Y una elección ilegítima es el primer escalón para el derrumbe de una democracia.
Es lo que sucedió con la gestión del registrador nacional del Estado Civil, Alex Vega. Al final de las elecciones del pasado 13 de marzo, la desconfianza en el proceso electoral es mayor. Todos los sectores políticos y sociales sospechan de lo sucedido. Hasta ahora, se tiene claro que hubo problemas de trámite y manejo de la información electoral, pero no hay evidencias de fraude. O, para ser más precisos, todavía no hay evidencias de que se haya cometido (o intentado cometer) un gran fraude electoral. Pero esa puerta no se puede cerrar hasta que no haya terminado el proceso de revisión y ajuste que está en curso.
Hasta ahora, se tiene claro que hubo problemas de trámite y manejo de la información electoral, pero no hay evidencias de fraude. O, para ser más precisos, todavía no hay evidencias de que se haya cometido (o intentado cometer) un gran fraude electoral.
Pero que no haya fraude, no borra la responsabilidad del registrador en la conducción deficiente de las elecciones. Como lo han explicado de manera detallada los expertos, cometió gravísimos errores en el manejo de las pasadas elecciones. Para comenzar, como afirmó la MOE, la entidad a su cargo, no supo incorporar el nuevo censo electoral en sus sistemas de información; tampoco supo responder a las denuncias y/o los llamados de atención de los partidos sobre los problemas de diseño en los formularios E-14 que debían llenar los jurados el día de la elección; no se aseguró que se llevara a cabo un completo proceso de capacitación a los jurados, que se socializara como sería el manejo de las elecciones a los partidos políticos y las organizaciones interesadas, ni que se hiciera la necesaria auditoria del software utilizado en el proceso; y quizá lo que puede ser lo más grave de todo: cuando se conocieron las deficiencias, el registrador no fue capaz de reconocer el deficiente manejo que tuvo en la planeación y gestión de las elecciones, sino que rápidamente responsabilizó a los jurados de haber hecho una labor deficiente.
La deficiente gestión de Vega como registrador, la escasa idoneidad que demostró en el ejercicio del cargo, le ha dado la razón a quienes demandaron la decisión de los presidentes de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de elegir a Vega, porque consideran que violaron “(i) Los principios de transparencia, publicidad y participación ciudadana que debieron primar en el proceso, de conformidad con la Constitución y la Ley; y (ii) El propio precedente de las Altas Cortes en lo referente a la publicidad de las entrevistas de los candidatos en los concursos de méritos”. ¿Cuáles fueron los criterios en que se basaron los presidentes de las cortes, para calificar con 100 puntos en la entrevista al ciudadano Vega en el concurso de “méritos”?
Es evidente que la responsabilidad de hacer las elecciones, le quedó grande al elegido por las Altas Cortes. Lo grave es que esa decisión afecta el bastión fundamental de legitimidad de una democracia: el proceso electoral.
La teoría política dice que para que unas elecciones sean competitivas, se necesita que cumplan tres condiciones bien definidas: i) que haya tantos candidatos como tendencias hay en la sociedad, de manera que cada sector se sienta representado en algún candidato; ii) que los ciudadanos crean que con su voto pueden cambiar las cosas, de manera que concurren a las elecciones con la convicción de que pueden buscar una mejor situación; y iii) que los ciudadanos tengan confianza en el escrutador, de modo que no haya sospecha de fraude de ninguna índole.
Sabemos que no hay un mecanismo institucional establecido para darle una salida a una crisis de confianza electoral como la que se está viviendo. La Comisión Nacional de Garantías Electorales o los presidentes de las Altas Cortes que nominan al registrador, deberían sugerir una solución. Porque con razón seguirá la inquietud de los demandantes de la elección de Vega: “¿con qué autoridad podrá liderar el registrador nacional elecciones justas, libres e imparciales en todo Colombia, si su propia elección está manchada de dudas?”