Por Paola Holguín - senadora Centro Democrático
El pasado 5 de agosto, el Gobierno Nacionalanunció la instalación de un “Espacio de Conversación Sociojurídico” con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, mejor conocidas como Clan del Golfo, una empresa criminal que genera ingresos cercanos a los USD 4.400 millones anuales, producto de la minería ilegal, y del tráfico de drogas ilícitas, armas y migrantes; sólo por concepto de esta última actividad ilícita, en 2023, habrían obtenido USD 68 millones, por lo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos autorizó, en el mes de junio de 2024, el pago de recompensas por información que conlleve a la captura de sus principales cabecillas, responsables también del tráfico de personas por el Darién, o a la interrupción de sus mecanismos financieros, por un total de hasta USD 8 millones.
De acuerdo con diferentes fuentes, como la Inteligencia Militar, la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Clan del Golfo es la estructura criminal que más se ha fortalecido durante el Gobierno Petro, lo que le ha permitido consolidar el control territorial y expandirse con más velocidad que el resto de organizaciones al margen de la ley. Mientras en 2022 delinquían en 255 municipios, en 2023 llegaron a 392, lo que representa un crecimiento del 53,7%.
En cuanto al número de sus integrantes, si bien los datos ofrecidos por Inteligencia Militar y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no concuerdan, dejan claro su aumento exponencial durante los dos años de la Paz Total. Mientras la primera fuente indica que de 2022 a 2023 pasaron de 4.060 a 5.000 integrantes, Danilo Rueda, Excomisionado de Paz, afirmó que pasaron de 9.000 a 14.000 en ese mismo periodo.
Sin duda, el cese al fuego decretado en diciembre de 2022 por Petro y la ausencia de operaciones militares a gran escala en sus áreas de influencia, han facilitado el robustecimiento inusitado de esta estructura criminal, a cargo de alias ‘Chiquito malo’, desde la extradición a los Estados Unidos de alias ‘Otoniel’, por lo que ahora sostendrán conversaciones con los delegados de Petro desde una posición de privilegio, respaldada por el poderío criminal que han adquirido, como lo anticipan las recientes declaraciones del mencionado delincuente: “No existe ninguna posibilidad de que se acepte una Ley de Sometimiento. En el pasado, varias agrupaciones armadas como las AUC aceptaron una Ley de Sometimiento que no condujo a una paz estable y duradera”.
El dilema que enfrenta el gobierno Petro, aún sin empezar a “conversar” formalmente con dicho grupo, es que la Ley 2272 de 2022, como lo expresa la Resolución 257 de 2024 (por la cual se autorizó la instalación de dicha mesa), imposibilita la suscripción de acuerdo o pacto alguno con este tipo de organizaciones criminales diferente al sometimiento a la justicia.
De ahí que surja una pregunta obvia: Si la única salida legal es el sometimiento a la justicia, alternativa que rechaza de plano el jefe de esta estructura criminal, ¿de qué se sentarán a conversar o negociar?
En todo caso, un problema jurídico aún más grave en esta nueva parafernalia del Gobierno Petro, es que a la fecha, no existe norma alguna que establezca las reglas que permitan materializar el sometimiento a la justicia de esta y las otras estructuras criminales con las que adelanta conversaciones, como el Estado Mayor Central de las FARC y la Segunda Marquetalia. Petro es conocedor de este vacío jurídico, pero no ha procurado impulsar en el Congreso una ley para subsanarlo, entendiendo que el Legislativo es el único competente, según lo determinó la Corte Constitucional en la sentencia C-525 de 2023.
Lo grave es que Petro pretenda engañar al Paíscon anuncios sobre negociaciones que, en la práctica, no conducirán a nada distinto que proveer a estas estructuras las facilidades para continuar con su fortalecimiento y sus actividades criminales; con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, que no solo congela las órdenes de captura, sino que las hace extensivas a situaciones de flagrancia (Resolución 0282); como ocurrió con alias ‘Urías’, jefe del Estado Mayor Central de las FARC, que fue dejado en libertad después de ser capturado con otros criminales en Antioquia, y hoy continúa delinquiendo en Caquetá.