El pasado 1 de octubre, por iniciativa del Senador Andrés Guerra, con apoyo de nuestro Partido, se adelantó el debate de control político al Canciller sobre la migración venezolana y la postura de Colombia frente al proceso electoral en el vecino país. Allí salieron a la luz varios temas importantes:
- La paz de Colombia está vinculada a Venezuela, no solo porque históricamente ha sido garante de los procesos, sino porque ese país pasó de ser santuario a retaguardia estratégica de las estructuras criminales.
- Es absurdo escuchar de parte del Gobierno que ha mejorado el intercambio comercial; lo que imposibilita ese intercambio es que en el vecino país no existe seguridad jurídica, ni institucionalidad; es una economía de base inflacionaria, dolarizada de facto, que de 2012 a 2020 se contrajo 71% y cuya inflación en ese periodo fue 130.000%.
- Con cinismo desde el Gobierno se pide que se muestren unas actas que ya son públicas. En Venezuela, las calles, las encuestas y las 25.073 actas que representan el 83,5% ratificaron la contundente victoria de Edmundo González Urrutia, con más de 7,3 millones de votos, frente a un poco más de 3,3 millones de Maduro.
El 28 de agosto en la Comisión I de la Cámara de Representantes, la Misión de Observación Electoral (MOE) y el Centro Carter entregaron al Congreso las evidencias técnicas donde ratifica el triunfo de González, y el 2 de octubre Jennie K. Lincoln del Centro presentó las actas originales ante el Consejo Permanente de la OEA.
Se debe tener en cuenta, además, que Naciones Unidas estima que casi 1 millón de venezolanos saldría el primer trimestre de 2025, si no se respeta la voluntad popular expresada el 28 julio.
- El acuerdo de Barbados fracasó, porque presionaron acciones a favor del régimen que se comprometió con una serie de obligaciones que incumplió. La trampa empezó cuando no permitieron la inscripción de María Corina Machado, quien con más del 90%, había ganado las primarias de la oposición el 22 de octubre de 2023; tampoco permitieron que participara Corina Yoris y, luego, cuando se pudo inscribir Edmundo González, empezaron la persecución sin cuartel contra la oposición (más de 20 integrantes de campaña terminaron presos, otros amenazados, perseguidos y seis refugiados en la Embajada de Argentina en Venezuela).
5. Es nuestra obligación moral, denunciar y rechazar las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que se han presentado en el vecino país, y que han sido denunciadas por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional. Además, después del proceso electoral, el régimen endureció su represión provocando la muerte de 25 personas, centenares de heridos, más de 1.800 encarcelados -158 de ellos, menores de edad-; y se han documentado casos de tortura, violencia sexual y de género, y decenas de desapariciones forzosas.
6. Frente al tema Migratorio es importante señalar que hoy no hay cifras oficiales de Migración Colombia, entidad que dejó de publicarlas semestralmente, como se había hecho hasta este Gobierno, y que daban cuenta del desplazamiento forzoso de venezolanos.
Después de las elecciones, hasta el 28 de septiembre, ingresaron 215 perseguidos políticos a Colombia (según cifras de la ONG Juntos Se Puede), quienes han tenido que solicitar refugio, proceso que puede tardar meses y mientras se adelanta el estudio no pueden trabajar.
Además, no es cierto lo que dice el Canciller, desde mayo 2023 no hay proceso de regularización para los venezolanos, como lo estableció el Estatuto de Protección Temporal que acompañó y aplaudió ACNUR.El Gobierno Petro no ha abierto ningún mecanismo que los acoja; solo se está terminando de ejecutar el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) que dejó el Gobierno Duque vigente, y que termina este año. El Permiso Especial de Permanencia (PEP- TUTOR) es un proceso de emergencia por la violación al principio de reunificación familiar, no es un nuevo modelo de regularización, y la visa de visitante especial para venezolanos solo acoge a las élites, es decir a quienes pueden pagar un pasaporte (que cuesta US$500 y el salario mínimo es de US$3) y lograr en el mercado negro antecedentes penales.
Hoy en el aeropuerto El Dorado hay centenares de venezolanos retenidos porque no les permiten ingresar a Venezuela con pasaportes vencidos, violando la Constitución.
7. El Canciller tiene doble discurso, mientras en la Cumbre del Acuerdo de los Ángeles (Guatemala, mayo de 2024), solicitó recursos a la comunidad internacional para regularización de los migrantes o refugiados venezolanos; aquí les ponen barreras y obstáculos (pasaportes vigentes, documentos apostillados), empujando a esta población a las manos de la mafia.
Finalmente, contrario a lo que permanentemente afirman algunos de la bancada del Gobierno Petro, Colombia no ha cerrado la frontera, quien lo ha hecho es el régimen de Maduro (19 de agosto de 2015, 23 de febrero 2019); aunque con más de 2.200 km de frontera con más de 300 pasos ilegales, el cierre es retórico.
En resumen, frente a las elecciones en Venezuela, ha primado la afinidad ideológica, sobre los principios y la tradición republicana de Colombia; y sobre el tema migratorio, no es cierto lo que dice el Canciller, no hay política de acogida a los migrantes (refugiados) venezolanos en este Gobierno.