Por: Paola Holguín
Senadora de la República /Centro Democrático
Nuevamente, miles los colombianos se lanzaron a las calles de las principales ciudades del país, para expresar su descontento con el Gobierno de Gustavo Petro y el rechazo a las reformas que actualmente cursan en el Congreso. A menos de dos años de esta administración, el proyecto de izquierda populista, cada vez más sectario, ha empezado a evidenciar sus consecuencias, el desastre económico, el deterioro de la seguridad, la inestabilidad institucional y el alineamiento con regímenes antidemocráticos.
Ante la realidad del país, hay sobradas razones para salir a protestar, además de los múltiples escándalos de corrupción y de los problemas en la financiación de su campaña que ponen en vilo su legitimidad, -por la financiación indebida, la falsedad procesal y en documento público, y la violación de topes de campaña-, las calles se inundaron de reclamos a Petro por la paralización general de la economía, que al cierre del 2023 registró un crecimiento de apenas 0,6%, la cifra más baja de los últimos 20 años, excluyendo el 2020 cuando enfrentamos la pandemia, lo que nos deja al borde de la recesión. La comparación con lo reportado en 2021 y 2022, hace aún más escandalosa la cifra del año anterior, cuando la economía nacional creció 10,7% y 7,5%, respectivamente; a esto se suma el riesgo de que nuestra economía sea reclasificada como ‘mercado de frontera’, y no como emergente, dados sus problemas de liquidez y el elevado riesgo para la inversión, como lo advirtió Bloomberg en septiembre de 2023.
La sensación entre la multitud es que con Petro se ha perdido la confianza en el país y se ha generalizado la incertidumbre, y mientras la economía colombiana se contrae, las estructuras criminales se fortalecen, acrecientan su poder de fuego y el control de los territorios. Entre tanto, el Gobierno adelanta negociaciones con dichos grupos sin ningún resultado tangible. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el Clan del Golfo pasó de tener presencia en 253 municipios (2022) a 392 (2023); las FARC (Segunda Marquetalia y de Mordisco) pasaron de 230 a 299 municipios, el ELN de 189 a 231 municipios y las demás estructuras del crimen organizado de 141 a 184. Descontrol total.
El propio Ministerio de Defensa Nacional, en su informe de noviembre de 2023, reportó un preocupante crecimiento de todas las cifras de delitos, lo que coincide con la sensación de inseguridad que experimentan los ciudadanos. El secuestro aumentó un 67% (el secuestro extorsivo creció 68%), la trata de personas 32%, el hurto de automóviles 2%, el hurto a personas 7%, la extorsión 8%, los delitos contra el medio ambiente un 28%(relacionado con el incremento exponencial de cultivos ilícitos y la minería ilegal); a propósito, en 2023 se erradicaron manualmente un 71% menos de área cultivada de coca (18.576 hectáreas), frente a 68.893 hectáreas en 2022, lejos de las 103.257 erradicadas en 2021 y mucho más de las 130.147 hectáreas en 2020.
A este panorama interno, se suma el nuevo alineamiento de Colombia con países como China, Rusia, Irán, Venezuela, Cuba y Nicaragua, y los enfrentamientos con los aliados históricos como Israel. Con este último, el Gobierno anunció suspensión de compras, a pesar de que desde hace años es un socio estratégico al que le adquirimos aviones Kfir, y bajo su licencia producimos las pistolas semiautomáticas Córdova y Jericho, los fusiles Galil y la ametralladora Negev NG7; le compramos los misiles antitanque Nimrod y Spike, el sistema de cañón autopropulsado Atmos, vehículos militares de artillería como el M-462, baterías antiaéreas Eagle Eye y aviones no tripulados Hermes, entre otros. Y nos preguntamos: ¿Qué pasará con el contrato para la adquisición del sistema de defensa antiaérea Barak MX adquirido en diciembre de 2023 y cuya en entrega en 2026 le costó al país USD131,2 millones?Un sistema fundamental para la lucha contra el narcotráfico y para la defensa nacional.
Finalmente, lo que más preocupa es que ante las marchas multitudinarias, democráticas y pacíficas, la respuesta del Gobierno Petro fue tratar de minimizarlas, arremeter contra los medios de comunicación e incluso compararlas con las que ellos adelantaron durante el Gobierno Duque, donde la violencia, el vandalismo y el terrorismo fueron protagonistas. Que no se equivoque el presidente Petro, dato mata relato, las calles están hablando, y en ellas, la representación de todos los sectores de la Colombia que se niegan a permitir la destrucción que provoca este cambio, en reversa.