Por: Óscar Rodrigo Campo
Representante a la Cámara por el Cauca /CR
La vida de los caucanos ha estado históricamente marcada por la impronta de la guerra;una dolorosa huella que no sólo flagela individualmente la dignidad humana, sino que también crea una niebla espesa sobre el futuro colectivo de nuestro territorio.
Los testimonios de esta tragedia son múltiples y sin distinción étnica, económica o de género. Por ejemplo, hacia el 2001, doña Lisinia una campesina afro del Naya en el norte del departamento presenció el asesinato de su familia a manos de los paramilitares. Un año antes, las FARC en medio de una toma en la población sureña de El Bordo destruyó el local comercial de don Pablo. Incluso, en la ciudad capital Popayán se conoce el caso de Juan María, quien fuera secuestrado por el ELN en 1991 y luego liberado a cambio de entregar su patrimonio.
La situación de dolor en el Cauca también se puede encontrar en los demás departamentos.
Además del conflicto de la tierra, nuestro país ha padecido de una violencia con sus múltiples formas, actores e intereses desde finales de la década de 1940 y a través de varios ciclos. Primero la violencia que enfrentó a los partidos tradicionales,y luego, el conflicto producto de la confrontación armada entre las guerrillas y los grupos paramilitares.
En el transcurso de todo este tiempo, en muchos territorios del país dentro de los cuales se encuentran varias zonas del Cauca, los grupos armados ilegales han desafiado eficazmente al Estado imponiendo de facto un oligopolio en el uso de la fuerza, e incluso estableciendo sus propios sistemas de normas, de control social y de apalancamiento económico, dentro de una guerra que, según la Unidad para las Víctimas (UARIV) ha impactado alrededor de nueve millones de personas.
Durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, en el 2016, con la firma del Acuerdo de Paz se logró desmovilizar a la guerrilla con mayor capacidad militar y control territorial, abriendo así una ventana de oportunidad para que, habiendo quitado las armas del camino, por fin el Estado se instalará en las regiones e impulsará su desarrollo. Lamentablemente, como se sabe, esa política integral de transformaciones sufrió un desmantelamiento sustancial en la administración Duque, ocasionado de esa manera un grave efecto humanitario que revictimizó a la población. Por ejemplo, en el Cauca, propició la reconfiguración de los actores armados (disidencias) y su fuerte expresión violenta en medio de la disputa por las economías ilegales.
Gran parte de la visión de un Estado vigoroso que lograra cambiar las condiciones del terreno tuvo como antecedente preponderante a la Ley 1448 de 2011 o mejor conocida como ley de víctimas y restitución de tierras. A través de ella, el Estado reconoció la existencia de un conflicto armado interno y también el deber de reparar a las víctimas por el incumplimiento en su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos en los territorios. Adicionalmente, esta norma sirvió de sustento jurídico para el ya mencionado proceso de paz con las FARC.
Han transcurrido cerca de 13 años desde la promulgación de la Ley 1448.Si bien presenta avances importantes en materia de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral, también es cierto que aún queda un significativo camino por recorrer.
Sin embargo, entre la norma y su materialización hay una considerable brecha; las víctimas continúan demandando justicia, reparación y no repetición. Así incluso lo señala la Corte Constitucional en sus autos de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 frente a la población desplazada.
Los datos en materia de restitución revelan grandes retos. A finales de 2023, el director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), señaló que desde la creación de esa entidad se habían entregado apenas 314 mil hectáreas. En idéntico sentido, la ministra de Agricultura en entrevista para el diario El Tiempo manifestó que, en 12 años de vigencia de la ley, solo estaban resueltos el 3% de casos de restitución étnica de tierras; la mayoría de los retrasos afectan a las solicitudes en departamentos del Litoral Pacífico, entre ellos el Cauca.
Los resultados de la indemnización administrativa también son un interesante indicativo de lo que falta por hacer. Al respecto, la UARIV en su más reciente informe anual al Congreso, muestra que entre 1996 y diciembre de 2023 fueron indemnizadas 1.448.752 personas. Lo cual, si se compara con el universo de víctimas, es una cifra aún limitada.
El anterior contexto justifica la necesidad de reformar la Ley 1448 de 2011 con el propósito de darle un impulso transformador y evitar también que su arquitectura institucional termine de ser un instrumento burocrático al servicio de la politiquería, mientras las víctimas siguen sin ser reparadas de manera integral.
Hacia esa meta, han sido radicados en la Cámara de Representantes cuatro iniciativas legislativas que buscan modificarla. A título personal, como parte integrante del grupo de ponentes, coincido en sus motivaciones y, en especial, resalto la intención de incluir el enfoque de “soluciones duraderas” dentro del articulado.
Este es un concepto impulsado por las Naciones Unidas, y fundamentalmente busca modificar la lógica del Estado para que pase de la respuesta limitada a la emergencia concentrada en una especie de mercado de ayudas, y ponga en marcha una serie de acciones para que las víctimas logren reconstruir sus proyectos de vida de manera sostenible a partir de la autonomía económica.
Otros de los aspectos importantes son: la armonización entre la Política de Víctimas con el Acuerdo final de Paz, el fortalecimiento del SNARIV, la reparación colectiva, los procesos de memoria, el reconocimiento de las víctimas en el exterior y la implementación de enfoques diferenciales.
Así mismo, la búsqueda de financiación a través de la creación de una comisión especial que entregue recomendaciones al presidente en ese sentido también es un elemento sobresaliente. Sin embargo, se espera que en el debate el gobierno concrete mejor esta propuesta para que no se quede simplemente en unos informes meramente aspiracionales.
De los puntos que seguramente serán centro de la discusión, está la intención de entregarle facultades jurisdiccionales a la URT en casos en los cuales no existan opositores o posibles conflictos de derechos. Medida que busca acelerar estos procesos y frente a la cual pediremos concepto a la rama judicial con la finalidad de tomar la mejor decisión posible.
El próximo viernes 15 de marzo, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes realizará una audiencia pública en Popayán.Este escenario tiene la finalidad de propiciar la intervención propositiva por parte de la ciudadanía, la institucionalidad y, en especial, de lograr la incidencia de las víctimas del conflicto armado.
Esperamos que entre todos podamos aportar en este importante proceso de reforma a la ley y, de esa manera, atender adecuadamente las cicatrices sociales que nos ha dejado el conflicto en un departamento que, como el Cauca, registra cerca de 500 mil víctimas.