Por: Óscar Campo Hurtado
Representante a la Cámara / Cambio Radical
¡Le dieron a Carmelina! Este es el grito desesperado que se alcanza a escuchar en el video conocido por todo el país a través de redes sociales el pasado sábado en la tarde.
Mientras la opinión nacional debatía sobre la Asamblea Nacional Constituyente y cuestionaba también el lánguido esfuerzo por revivir la siniestrada reforma a la salud a través de un desayuno, en Toribío, Cauca, las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC (EMC), disparaban contra una comunidad indígena que intentaba rescatar a un menor secuestrado horas antes por este grupo armado ilegal.
Los hechos dejaron varios heridos y, además, cobraron la vida de Carmelina Yule Paví, reconocida lideresa del pueblo Nasa. Esta dolorosa situación desató el repudio nacional y obligó al presidente Petro a romper lo que ya estaba roto:el cese bilateral al fuego con ese actor armado. Las cifras de la Defensoría del Pueblo así lo comprueban; para el 2023, el EMC fue el responsable de 32 acciones armadas violatorias de lo acordado en la mesa de negociación, la mayoría de ellas en el Cauca.
A su vez, esta entidad del Ministerio Público al igual que Indepaz, habían evidenciado como nuestro departamento durante ese año fue uno de los epicentros de las hostilidades contra la población civil perpetradas por esa estructura delincuencial, generando desplazamientos, confinamientos, homicidios, masacres, secuestros, desapariciones, restricciones a la movilidad, extorsiones, entre otros. Los cuales, a pesar de ser recurrentes, parecían no tener mayor eco en los recodos del poder central bogotano.
El decreto del gobierno no solo reanuda las acciones ofensivas por parte del Estado, sino que también trae un reconocimiento implícito: el fracaso de la estrategia de firmar un alto al fuego en una etapa temprana del proceso de paz como mecanismo de alivio humanitario. Un error que ha sido aprovechado por el EMC para aumentar su control territorial. Adicionalmente, al ser focalizado en Cauca, Nariño y Valle, deja dudas sobre la unidad de mando nacional al interior de las disidencias, comandadas por Iván Mordisco.
Respaldamos la decisión presidencial de levantar el cese al fuego. No se puede hablar de paz con quien no la quiere hacer; es imposible transformar el territorio sin que el Estado tenga el control del mismo. Esta última es la gran lección que nos dejó la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Si bien este logró desmovilizar al grupo armado con mayor presencia en el Cauca, la incapacidad del gobierno siguiente en copar esos espacios, propició la aparición de nuevas estructuras cuya disputa impide la entrada de las instituciones y la provisión de bienes públicos.
Presidente, respaldamos su determinación militar, pero también le pedimos una urgente intervención social para el departamento,la cual le quite el agua al pez de las economías ilegales. Se necesita un viraje en la política de drogas; el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS- tan solo cubre 5 de los 26 municipios con cultivos de coca y sus resultados son incipientes en cuanto a la creación de fuentes de ingresos formales en la ruralidad para el tránsito hacia las economías lícitas.
Las víctimas del conflicto armado, en especial los campesinos, siguen a la espera de que su reconocimiento constitucional se traduzca tanto en hechos palpables de reparación integral, como en un apoyo técnico y financiero que les permita impulsar su productividad y mejorar la comercialización de sus productos.
Tampoco se pueden obviar las acciones en favor de la niñez y la juventud. Hemos llamado la atención al Ministerio de Educación para que despliegue sus capacidades con el propósito de que los cerca de 5.500 estudiantes que dejaron de matricularse este año, retornen al sistema educativo. Así mismo, uno de los esfuerzos principales debe ser recuperar a los niños reclutados forzadamente; los registros oficiales indican que el año pasado fueron 235 las víctimas, y para este ya van 23. La guerra y su control social les está arrebatando la oportunidad de cambiar su futuro a través de la educación.
La historia de violencia del Cauca no puede ser también nuestro destino. En las manos del presidente Petroestá la posibilidad de intervenir en los desenlaces. Es él quien tiene la responsabilidad de que su mandato le cambie realmente la vida a los caucanos, y no se quede simplemente en una diatriba contra el sistema, incapaz de hacer valer el Estado de derecho en todo el territorio.