Hace algunos días, los titulares de los medios de comunicación informaron sobre el rescate, por parte de la Policía, de una niña de 14 años que había sido reclutada por las disidencias de las FARC en el municipio de Corinto, Cauca. La menor fue encontrada en un retén policial en la vía que conecta Bogotá con Villavicencio, bajo la custodia de adultos que la trasladaban al Meta para participar en enfrentamientos contra el bloque liderado por alias Calarcá. Este aberrante suceso nos recuerda que los niños, en lugar de ser protegidos y educados, están siendo utilizados como fichas en el ajedrez de la guerra.
Este no es un caso aislado. La historia de Alcibíades, un humilde habitante de Caldono, Cauca, expone esta tragedia desde otra perspectiva. Con ilusión, él y su esposa habían organizado la celebración de los 15 años de su hija; sin embargo, el pasado 13 de abril, mientras la adolescente se dirigía a su curso de cosmetología, desapareció a pocas cuadras de su casa. Desde entonces, la vida de esta familia se ha convertido en un tormento de incertidumbre y dolor, aguardando respuestas que nunca llegan.
En el Cauca, el reclutamiento de menores es uno de los dolorosos legados que, hasta ahora, nos deja la gestión del Gobierno Nacional. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en 2023 se registraron 184 casos a nivel nacional, mientras que 2024 la cifra ha aumentado a 190 menores víctimas, solo en el Cauca, concentrando este departamento más del 70% de los reclutamientos del país. El panorama es desgarrador: destruye familias, despoja a los niños de su inocencia y arrebata el futuro de comunidades enteras en este territorio.
Los grupos armados han encontrado en los menores una fuente constante de reclutas. A diario, muchos aprovechan los caminos rurales que llevan a las escuelas para captar a los niños, especialmente en las zonas más apartadas, donde el Estado no tiene presencia y la violencia es la única “autoridad” visible.
A esto se suma la cruda realidad de la deserción escolar: el departamento reporta, en promedio, entre 2.000 y 4.000 estudiantes desertores cada año, una constante en la última década, que deja en evidencia una falta de voluntad y estrategias por parte de las instituciones encargadas de proteger el derecho fundamental a la educación. Para marzo de 2024, la secretaria de Educación del Cauca informó que más de 5.600 niños y jóvenes aún no se habían matriculado, otra alarmante señal de la desprotección estatal que enfrentan nuestros menores.
Según Indepaz, en 2024, el departamento del Cauca tiene la presencia de múltiples grupos armados: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, liderado por alias Iván Mordisco. Estos grupos ocupan casi todo el territorio del Cauca, que cuenta con 42 municipios, donde operan de la siguiente manera: el EMC está presente en 31 municipios, el ELN en 13, la Segunda Marquetalia en 4 municipios (con influencia en otros 3 a través de panfletos), y el Frente 57 Yair Bermúdez en 4 municipios. Además, otros grupos como el AGC, el EPL y Águilas Negras están presentes mediante panfletos en 9 municipios. Esta abrumadora presencia armada alimenta una situación de terror e incertidumbre en nuestras comunidades.
Los métodos de reclutamiento son cada vez más sofisticados y despiadados. Panfletos en las escuelas, redes sociales inundadas de mensajes de reclutamiento, promesas de dinero y objetos materiales como motos son las nuevas armas que estos grupos utilizan para arrancar del seno de sus familias a estos niños y adolescentes. Mientras tanto, en los tableros de la "Paz Total" del gobierno, el tema de la desvinculación de menores de las filas de estos grupos armados sigue sin ocupar un lugar prioritario. En las mesas de negociación con varios grupos armados, se han abordado temas de participación política y derechos de las víctimas, pero la situación de los menores sigue sin recibir la atención urgente que requiere. ¿Hasta cuándo permitiremos que la vida de nuestros hijos y sus sueños sean moneda de cambio en un conflicto que no eligieron?
El abandono estatal en regiones como el Cauca es el combustible que alimenta esta tragedia. Las familias de estos jóvenes claman por ayuda, mientras que los actores armados aprovechan la falta de oportunidades para llevarse a estos menores a la guerra. La hija de Don Alcibíades tiene sueños; quiere ser cosmetóloga, tener su propio negocio, ayudar a su familia. Pero hoy su destino, al igual que el de cientos de jóvenes en el Cauca, es incierto, atrapado en el oscuro entramado del conflicto armado.
La reciente Conferencia Ministerial Mundial para poner fin a la Violencia contra la Niñez adquirió compromisos claros y contundentes, compromisos que deberían guiar nuestras políticas internas. En esta conferencia, se instó a los gobiernos de todo el mundo a implementar acciones de prevención, protección y reintegración de los menores que son víctimas de conflictos. Pero en Colombia, lamentablemente, vemos que el gobierno parece llegar tarde a todo, incluso a la prevención. No solo es el incumplimiento de estos compromisos, es urgente que inicien campañas reales articuladamente con todas las instituciones responsables para evitar más reclutamientos y también es necesario que se exija a los grupos al margen de la ley, con los que se tiene cualquier diálogo, que liberen inmediatamente a los menores reclutados.
El informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre el reclutamiento de menores es contundente y dramático: 18.677 niños víctimas de reclutamiento forzado por parte de las extintas FARC entre 1971 y 2016, documenta patrones de violencia y afectación que dejan al descubierto la brutalidad de este fenómeno. Aunque esta realidad no nació con el gobierno actual, es innegable que en los últimos dos años los casos han incrementado de manera significativa. La Defensoría del Pueblo estima que el subregistro de estos casos supera el 30 %, ya que muchas familias no se atreven a denunciar por miedo a las retaliaciones. Este es el grito silenciado de una sociedad que está siendo fragmentada por el miedo y la impotencia.
Hoy, según informes de la Defensoría del Pueblo, las disidencias de las FARC serían las que han reclutado más menores este año, le sigue el Clan del Golfo, el ELN y grupos post- desmovilización de las AUC.
Alcibíades sigue esperando noticias de su hija, sigue soñando con la celebración de sus 15 años. Esos sueños robados son los mismos que vemos desaparecer en los ojos de cada niño y adolescente reclutado, cada menor que carga un fusil en lugar de un libro. No podemos seguir siendo indiferentes; el futuro de Colombia depende de que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan la oportunidad de soñar y de vivir en paz. No podemos permitir que los compromisos adquiridos en foros internacionales se queden en el papel, y mucho menos que el Estado siga llegando tarde a salvar los sueños de nuestros menores. No hay mayor legado para un país que garantizar el futuro de sus hijos.