Para empezar, es esencial entender que la democracia no solo se refiere a la celebración de elecciones libres y justas, sino que también comprende el respeto por las instituciones de la República, la separación de poderes, la protección de la libertad de expresión y el fomento de un ambiente político propicio para que la oposición y la prensa puedan manifestarse sin temor a represalias.
Tildar de “malditos” a los congresistas que no le votaron sus reformas, poner en duda la integridad de las decisiones del Consejo de Estado y las Cortes, llamar a las periodistas “muñecas de la mafia” y relacionar a varios comunicadores con graves delitos, grupos delincuenciales o clanes corruptos, entre muchas otras transgresiones a opositores y sectores productivos —a quienes tilda de nazis, narcos o paramilitares— no son precisamente acciones de un líder comprometido con el juego democrático.
Los sistemáticos y descarados ataques del presidente a la institucionalidad ponen en grave riesgo la democracia. No es de poca monta que el Consejo de Estado, como casi todas las instituciones judiciales y políticas, incluido el Congreso de la República, haya tenido que salir más de una vez a manifestar su inconformidad y preocupación por las afirmaciones del mandatario.
Petro no solo cuestiona, sino que deslegitima, y al hacerlo abre un camino peligroso: el desprecio hacia las instituciones por parte de la ciudadanía. El problema no es la crítica, que es válida en toda democracia mientras se realice en el marco del respeto y la ley. Lo grave es que sus temerarios cuestionamientos buscan poner en duda la legitimidad e integridad del Estado para favorecer sus intereses políticos, judiciales y electorales de cara a 2026.
No es una estrategia descabellada; de hecho, ya se viene aplicando con relativo éxito. Cuando políticamente fracasa en la aprobación de las reformas, se excusa diciendo que intereses oscuros manipulan el Congreso, olvidando que es su gobierno el que supuestamente andaba comprando cuanto congresista estuviera a la venta con los dineros de la UNGRD. Cuando la justicia falla en contra suya, de su gobierno o está por meter preso a uno de sus hijos, afirma que todo forma parte de un golpe de Estado e insinúa que la justicia y la oposición son los responsables.
Por eso, no me sorprendería que, cuando pierda en 2026, salga a cuestionar la integridad de la Registraduría, una institución que, con tanto esfuerzo, han intentado desmantelar.
Petro ya intentó promover “constituyentes populares”, procesos que estarían por fuera de la Constitución, pero que buscarían obtener la misma o mayor legitimidad para permitirle, ya sea, aumentar su mandato o abrir la puerta a la reelección. A lo mejor ya es muy tarde para lograr que una constituyente se lleve a cabo, ilegal o no, pero todavía quedan largos meses para terminar de destruir la poca y maltrecha credibilidad que tiene el Estado, y eso debería preocuparnos.
El petrismo sabe que está en aprietos. La corrupción ha deslegitimado su gobierno y la falta de logros le quita legitimidad frente a su electorado, incluso ante ese 30% de la opinión que aún, Dios sabrá cómo, le mantiene su apoyo. Necesitan hacer algo diferente, e intentarán varias rutas, todas, eso sí, utilizando la confrontación y aumentando la polarización mediante la radicalización.
Si lo anterior es cierto, la democracia y sus instituciones serán los mayores obstáculos. No buscarán fortalecer la democracia, sino dinamitarla, y por eso los ataques al orden democrático aumentarán, rozando el límite de lo legal.
Dependerá de todos salvaguardar la patria.