Tristemente cuando hablamos de las “ías” en Colombia no nos referimos a la inteligencia artificial, sino a todo lo contrario. Las “ías” son más bien la torpeza artificial del Estado; la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía.
Digo torpeza porque a pesar de que estas tres entidades tienen como finalidad cumplir con propósitos loables para la sociedad, ninguna de ellas las cumple a cabalidad. Por el contrario, son una fuente de desperdicio de los recursos públicos, de clientelismo, corrupción y de ineficiencia para el sistema judicial. Este es uno de los más emblemáticos casos donde la teoría de la política va en contravía de la praxis política.
Empecemos por aclarar las funciones de estas entidades. Las tres son entidades que tienen como fin último la moralidad pública. Buscan el adecuado funcionamiento del aparato estatal para el cumplimiento del Estado social de derecho por medio del ejercicio transparente de la justicia y la administración de los recursos públicos.
La Constitución Política le adjudica a la Procuraduría y a la Contraloría funciones relacionadas con el control disciplinario y fiscal, así como la defensa de los derechos del pueblo.
Son además entidades autónomas, no adscritas ni vinculadas a ninguna rama del poder público, mientras que la Fiscalía está vinculada al poder judicial y garantiza a los ciudadanos el acceso a la justicia.
Estas tres entidades cuentan con generosos presupuestos y planta de personal independientes. Sin embargo, las tres entidades son las cerezas del pastel por parte del poder ejecutivo y la clase política. Todos los presidentes quieren fiscal, contralor y procurador de bolsillo. Este es el caso del afán del presidente Petro de nombrar fiscal de acuerdo con su terna para evitar que se adelanten todos los procesos relacionados con el financiamiento de su campaña, Nicolás Petro, entre otros.
Asimismo, los políticos de turno luchan para apoderarse de las contralorías regionales para disminuir la fiscalización del uso de los recursos.
Y he aquí donde se desencadena las pugnas políticas que enrarecen el ejercicio transparente de la justicia, el uso incorrecto de los recursos públicos y donde no se respeta la separación de poderes, tan esencial para el buen funcionamiento de la democracia.
Más allá de las fallas estructurales de las entidades y la urgencia a una reforma de la justicia, llama la atención los generosos presupuestos que estas entidades manejan.
Para el 2024, según el Presupuesto General de la Nación, la Procuraduría tendrá 1.2 billones de pesos, la Contraloría por su parte, tendrá 1.5 billones de pesos y por último, la Fiscalía contará con 6 billones de pesos (aproximadamente 16 mil millones de pesos diarios).
Sin embargo, estas entidades no dan cuenta de los resultados en comparación con los presupuestos que manejan. Sólo un ejemplo. Cómo es posible que, en la Fiscalía, el 80 % de los procesos sean archivados y se pierdan 6 de cada 10 procesos. ¿Dónde está el buen manejo de los presupuestos para su efectiva gestión? Y, aun así, el fiscal Barbosa tiene el descaro de autonomizarse el mejor fiscal de la historia. ¡Válgame, Dios!
El meollo del asunto es el exceso de entidades de control. No tiene sentido que los contribuyentes tengamos que financiar 3 entidades, 3 directivos (con aspiraciones políticas), 3 plantas de personal que a la larga cumplen con la misma finalidad. Dos de estas entidades de control están destinadas a controlar los propios funcionarios públicos y sólo una dirigida a los ciudadanos.
¿No tendría más sentido robustecer una sola entidad como la Fiscalía, aumentar los jueces, modernizar las instalaciones, mecanismos de acceso y dar garantía del cumplimiento de la ley desde lo disciplinario, lo fiscal y lo penal? Una sola entidad que sí se encargue de la moralidad pública con cumplimiento coherente de las sanciones.
En mi criterio, el dinero destinado a luchar contra la corrupción es el principal financiador de la corrupción emanado desde el propio Estado. En términos prácticos, está saliendo más costoso la lucha contra la corrupción, mientras que los ciudadanos de a pie nos quedamos con un acceso a la justicia a medias y sin garantías.