“Es necesario que cada localidad de Bogotá cuente con una o varias unidades móviles de la Fiscalía General de la Nación, cuya vocación sea amparar al ciudadano y que, mediante la implementación de soluciones tecnológicas y digitales, permitan al denunciante tener contundencia probatoria para lograr la inmediata judicialización del delincuente”.
Marco Tulio Gutiérrez Morad
Es fundamental solucionar el dramático problema de inseguridad que está flagelando sin compasión a Bogotá. Atravesamos por un momento sin antecedente alguno, en cual, incluso, los ladrones se roban entre sí. Todos los días hay atracos, fleteos, homicidios y hurtos de las más inimaginables dimensiones. No solo estamos a merced de la delincuencia con presencia en las 20 localidades de la ciudad, sino ante un sofisticada red de criminales digitales quienes paralelamente al caos que se vive en las calles, todos los días están dedicados al fraude mediante aplicaciones fraudulentas. En fin, la ciudadanía nunca se había visto así de sitiada.
Si en el año pasado la pandemia nos encerró, en este 2021 es la criminalidad la que nos tiene confinados en nuestras casas, atormentados por el miedo y la absoluta zozobra que significa salir a la calle en Bogotá. Somos muchos los que preferimos no dejar nuestras casa por cuenta de la escalada criminal que lacera a la ciudad.
Desde hace unas semanas la administración distrital, lejana y distante de las necesidades ciudadanas, ha intentado, con campañas mediáticas y con un nuevo Secretario de Seguridad, hacerle frente a esta apremiante situación. Sin embargo, las decisiones han sido imperceptibles y, por el contrario, pareciere que hubieran producido un efecto bumerang. Cualquier solución elemental frente al problema de la ciudad no puede seguir siendo neciamente catalogada por la administración como un problema de percepción ciudadana, sino como un verdadero estado de emergencia local.
De ahí que las medidas que se implementen deban ser concebidas como expresiones de protección a las garantías mínimas hasta el punto de que algunos derechos deben ser transitoriamente suspendidos en aras de favorecer el bien colectivo, tal y como deben ser las restricciones de horarios, de locomoción y de circulación de los “parrilleros” en motocicletas.
El problema requiere una solución de alto impacto que permita mitigar la dificultad desde su génesis, esto es, en el momento en el cual el delito acontece. En la mayoría de los casos, por ejemplo, de hurtos a celulares, la gente no hace ninguna denuncia porque es más fácil comprar un nuevo aparato que destinar un día completo en diligencias en el complejo judicial de Paloquemao.
Sin embargo, ¿qué pasaría si en vez de tener que acudir a dicha sede judicial, la Fiscalía tuviera una unidad móvil de reacción? Verbigracia lo que aconteció con las otrora Inspecciones Móviles de Policía, las cuales eran una posibilidad material y real de cercanía entre el proceso penal y el ciudadano víctima de alguna conducta punible. Es necesario que cada localidad de Bogotá cuente con una o varias unidades móviles de la Fiscalía General de la Nación, cuya vocación sea amparar al ciudadano y que, mediante la implementación de soluciones tecnológicas y digitales, permitan al denunciante tener contundencia probatoria para lograr la inmediata judicialización del delincuente.
Estas unidades móviles de la Fiscalía deben permitir que la persona que sea sorprendida en flagrancia, en la comisión de un delito, sea formalmente imputada y, en caso de ser necesario, se le defina la situación jurídica in situ. Con un mecanismo de esta categoría se estaría sorteando uno de los mayores inconvenientes actuales: la impunidad, y, derivada de ella, la falta de confianza. La ciudadanía es reacia a denunciar, pues las personas capturadas y trasladadas ante las autoridades siempre son liberadas y su reincidencia es una irónica catástrofe, pues son múltiples los casos de personas asesinadas o lesionadas por delincuentes que, incluso, tienen órdenes de captura en su contra y que, gracias a la inoperatividad del sistema judicial, caminan por las calles con plena libertad como cualquier otro ciudadano.
Es necesario establecer un sistema de fiscalías móviles que además se articulen en cada localidad con una unidad judicial de reacción inmediata, para que los delincuentes sorprendidos en sus fechorías sean llevados cerca al lugar donde cometieron el delito, con el fin de que, sin dilaciones y con observancia del debido proceso, se lleve a cabo el juicio que pueda materializar la concepción de justicia, que por estos días tanto extrañamos como ciudadanos.
Estas unidades judiciales de reacción inmediata deben estar compuestas por funcionarios de la rama judicial y coadyuvadas por estudiantes de derecho que puedan cumplir sus prácticas o desempeñar su formación en consultorio jurídico ante la real dimensión de la problemática judicial que tanto nos aqueja.
Obviamente es fundamental traer a colación la necesidad de incrementar el pie de policía. Al mismo tiempo, es indispensable pensar en que las entidades privadas especializadas en asuntos de tecnología de punta deben servir de soporte para optimizar la actividad preventiva y de monitoreo; ello, soportado en mecanismos de inteligencia artificial, controles biométricos, drones y esquemas predictivos de comportamiento sobre la base de estudios estadísticos.
Para nadie es un secreto la ubicación de las zonas candentes donde se ubica la delincuencia, espacios que llevan ocupados por el hampa durante décadas y que, pese a los múltiples gobiernos que han llegado al Palacio Liévano, no se han logrado desmantelar.
Por último, la ciudad hoy por hoy es mucho más que los 1.775 km2 de linderos, pues prácticamente el eje de influencia poblacional recorre la misma dimensión que la cuenca del río Bogotá; es decir, el vasto territorio, desde Villapinzón hasta Girardot, el cual aglutina más de 13 millones de habitantes. Por ende, esta región requiere, cuanto antes, la construcción de un nuevo centro penitenciario de máxima seguridad que pueda sortear este tipo de demandas, pero así mismo, urge un penal dotado con todos los avances tecnológicos propios del estado del arte que permitan la materialización de los propósitos de la pena previstos en la ley y en la Constitución.