Por Marco Tulio Gutiérrez Morad
Es oportuno traer a colación la teoría de la responsabilidad objetiva del Estado, teoría que ha sido adoptada por nuestro sistema judicial y por las líneas jurisprudenciales del Consejo de Estado desde hace décadas, esta institución legal establece una dura carga de responsabilidad en cabeza del Estado, en donde el acaecimiento del hecho antijurídico, le será imputable bien como una falla en el servicio o bien como un daño especial, en ese entender la responsabilidad estatal no se verá comprometida únicamente en la medida en que ocurra alguna de las causas extrañas, tal y como son la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa exclusiva de la víctima o el hecho de un tercero. Esta teoría básicamente es corolario de principios de órbita constitucional como es la confianza legítima y la misma responsabilidad extracontractual del Estado.
Así las cosas, nuestro sistema reposa sobre una macroestructura jurídica que tiene el encargo de orden constitucional de lograr identificar e individualizar al interior de un proceso judicial la responsabilidad estatal, en los casos en que el Estado obra bien o conforme a derecho, o cuándo por conductas omisivas o negligentes produce un daño antijurídico que deviene en un perjuicio para alguno de los administrados, así las cosas a la hora de hablar de responsabilidad estatal el único juez natural es la jurisdicción contenciosa administrativa, que por cuenta de las prerrogativas especiales
que tiene esta rama del poder judicial es la única instancia judicial capaz de pronunciarse sobre la eventual responsabilidad del Estado, sin embargo en nuestro contexto, muchas veces, algunos medios de comunicación o incluso actores políticos, fijan jurisprudencia vía Twitter o Facebook endilgando responsabilidad al Gobierno, tal y como si contaran con las mismas facultades jurisdiccionales del contencioso administrativo, son precisamente estas personas las que cotidianamente como si se tratara de un oficio diario se dedican a culpar de todos los males del país al gobierno del presidente Duque, quien a juicio de estas personas, el mandatario es responsable de todo lo que nos aqueja; por la pandemia, por los hechos que devienen en protesta en las calles, por la temporada de lluvias, por el cambio climático, en fin, prácticamente todo, incluso hay quienes lo ridiculizan hasta con los resultados adversos de la Selección Colombia de fútbol.
El presidente de la República, desafortunadamente no logró posicionar su idea de gobierno tal y como lo había previsto durante su campaña, tal vez factores determinantes como la falta de experiencia y las brutales circunstancias que han devenido en los últimos dos años no le han permitido del todo exteriorizar su modelo, sin embargo, de ahí a responsabilizarlo por cada situación que acontece hay un largo trecho, es apenas ridículo, incluso absurdo pensar que en dos días el Gobierno hubiera podido evacuar a la totalidad de la población de San Andrés y Providencia, primero, ¿a dónde? Segundo, ¿cómo se supone que se iba a hacer? Acá la discusión es otra, y precisamente radica en qué ha pasado en los últimos treinta años desde que el archipiélago dejó de ser una intendencia para convertirse en un departamento, que como entidad territorial cuenta con autonomía financiera, presupuestal y administrativa. En este caso no es mejor preguntarnos ¿por qué razón unas islas ubicadas en el mar Caribe, donde existe la real y material posibilidad que haya un huracán o tormenta tropical no cuentan con un refugio especial para trasladar a la población ante una situación de esta envergadura? Precisamente ahí está el asunto, este no es un problema del gobierno de Duque, se trata de una responsabilidad generalizada por la apatía, la dejadez y la indolencia consuetudinaria por la isla, por esa porción territorial de la cual sacamos pecho por su hermoso mar, pero de la cual no existen dolientes. De San Andrés nos acordamos cuando el fallo de La Haya le sustrajo gran parte de su mar territorial, pero nunca recordamos sobre sus necesidades, sobre su sistema de acueducto, sobre el agua potable o sobre su sistema de educación. Para el archipiélago y para muchos otros territorios olvidados por la nación, ese olvido es reflejo de la corrupción que desde Bogotá cercena y desvía esos recursos que al final nunca llegan para mitigar las dificultades e intentar satisfacer las necesidades de la población.
Sin duda, no se trata de una política de retrovisor, de culpar a los gobiernos anteriores, pero sí una dialéctica de lo justo, pues definitivamente no todos los males se le pueden achacar al presidente de turno, y menos los males que desafortunadamente Duque ha tenido que enfrentar, ¿quién iba a pensar que el mundo se iba a detener por un virus que en países como Estados Unidos han matado más personas que la guerra de Vietnam?, ¿quién iba a imaginar en el año 2018, cuando Iván Duque llegó al poder que el mundo en medio de su mandato iba a cambiar? Pero lo más complejo es que ningún gobernante en el mundo antes del año 2020 había diseñado un plan de gobierno trazado para sortear una crisis sanitaria de esta dimensión, es apenas obvio que los diferentes gobiernos han tenido que aprender en el camino y adoptar todas las medidas en medio del caos, nuestro caso no es la excepción, pero los críticos solo pueden ver lo malo, que el presidente habla todos los días por televisión, que el presidente no cerró las fronteras, en fin, lo fácil es siempre buscar un responsable y quien mejor que el jefe de gobierno, por ello hoy enfáticamente queremos apoyar al presidente, reiterando nuestro apoyo, claro que hay elementos para criticar como a todo gobernante, pero no podemos sumirlo más en una responsabilidad absoluta, como si todos los males que aquejan a nuestra nación fueran ocasionados por él.
“No se trata de una política de retrovisor, de culpar a los gobiernos anteriores, pero sí una dialéctica de lo justo, pues no todos los males se le pueden achacar al presidente de turno”.