“El mayor impacto que ha sufrido la isla es la falta de interés de parte del Estado de explotar el inconmensurable potencial turístico que ofrece este paradisiaco destino del Caribe, al cual infortunadamente solo lo recordamos cuando hay un huracán o algún suceso calamitoso”.
MARCO TULIO GUTIÉRREZ MORAD
Esta semana, tras un año de la tragedia, vemos con esperanza los resultados que se están empezando a evidenciar en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, luego de la devastación y destrucción causada por el huracán Iota.
La estrategia de reconstrucción del Gobierno nacional, que mucho ha dado de qué hablar, ha empezado a producir réditos y, mediante una iniciativa absolutamente responsable, se prorrogó el periodo de emergencia por un año más.
La titánica tarea de reconstruir la infraestructura de Providencia y gran parte de San Andrés, después del brutal impacto que hace un año laceró sin merced a uno de los destinos más queridos de nuestro país, no puede ser tomada a la ligera. De ahí la intuición del Gobierno nacional de extender el periodo, con el fin de lograr finiquitar los complejos trabajos de adecuación y reconstrucción.
La tarea es tan abrumadora que prácticamente ha sido necesario reconstruir el servicio de energía del archipiélago, es decir, desde la colocación y tendido de cables hasta la implementación del alumbrado público. El desafío es análogo en materia de reestructuración de vías públicas y red de servicios hospitalarios, pues reiteramos, en Providencia la destrucción fue prácticamente absoluta.
El Gobierno nacional tiene la histórica oportunidad de reivindicarse con el archipiélago, que durante siglos siempre ha sido víctima del olvido, la corrupción y la odiosa centralización administrativa, esto con la trágica consecuencia de haber condenado a la pobreza y al deterioro a uno de los lugares más bellos del mundo.
San Andrés, Providencia y Santa Catalina han estado inmersos históricamente en las vorágines del conflicto. Su posición estratégica hizo que el archipiélago, durante la época del descubrimiento de América, fuera reivindicado por la Real Audiencia de Panamá, pasando luego a la Capitanía General de Guatemala, para, a la postre, ser un asentamiento de corsarios holandeses, españoles y británicos, quienes en medio de las guerras de la Independencia, a principios del siglo XIX, se encargaron de sitiar el conjunto de islas con su pillaje y su terror.
Desde 1822, San Andrés hace parte del territorio nacional colombiano, primero como entidades territoriales o cabildos que adhirieron a la Constitución de Cúcuta, para luego, en 1912, convertirse en una en una intendencia del departamento de Bolívar.
Desde ahí se inició un convulsionado periodo de disputas internacionales, incluso con intervención norteamericana, que culminó con la suscripción del famoso Tratado Esguerra-Bárcenas, mediante el cual se fijó el límite del meridiano 82 Oeste. Sin duda, la historia del archipiélago ha estado enmarcada en profundas vicisitudes que aún hoy lo tienen en el centro de nuevas disputas legales ante los tribunales internacionales.
Sin embargo, el mayor impacto que ha sufrido la isla es la falta de interés de parte del Estado de explotar el inconmensurable potencial turístico que ofrece este paradisiaco destino del Caribe, al cual infortunadamente solo lo recordamos cuando hay un huracán o algún suceso calamitoso. Es increíble que hoy en día, a diferencia de lo que pasa en todas las demás islas del Caribe, no haya un hotel de lujo, o un campo de golf como sí lo hay en islas incluso más pequeñas y más pobres.
Al archipiélago lo condenamos al olvido desde el mismo momento en que lo anexamos a nuestra república y, posteriormente, lo condenamos a muerte cuando le dimos plena autonomía sin un régimen transitorio que le permitiera consolidar lo bueno que durante los años 70 y 80 se había realizado, pero al tiempo se requería un trabajo profundo para erradicar el narcotráfico y la corrupción que eligieron estas islas como centro de veraneo y de operaciones delincuenciales.
El departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, desde su creación constitucional en 1991, ha sido foco de innumerables actos de corrupción que han llevado tras las rejas a gran parte de su dirigencia política. Esto, ante la absoluta desidia de parte del Gobierno nacional, que durante 30 años de vida departamental lo máximo que ha hecho por los isleños es instalar el Congreso de la República, un 20 de julio, en la isla, para de paso celebrar las festividades patrias de ese mismo día. El certamen, más allá de la música y del whisky que bebieron los parlamentarios, no trajo nada.
Nuestro territorio de ultramar necesita de una vez por todas ser elevado a la categoría que se merece. Es necesario realizar una operación seria y sostenible de reconstrucción que permita a los isleños satisfacer sus necesidades mínimas. La isla debe solucionar de inmediato insuficiencias como las de acueducto y alcantarillado, y lograr la prestación de un servicio de transporte público de calidad y garante de derechos.
El Archipiélago tiene la vocación de ser una potencia turística en la región. Es necesario materializar un esquema de educación encaminado a brindar un servicio de excelencia como ocurre en los demás destinos del Caribe.
El Gobierno debe empezar a dar estímulos para llevar inversión hotelera y turística. Es increíble que San Andrés, teniendo todo lo que tiene, no sea considerado un destino turístico de alto impacto, sino que, por el contrario, quedó matriculado en la concepción del olvido total. La isla requiere regresar a su condición de epicentro comercial; de lugar capaz de satisfacer las exigentes premisas del turismo, sin importar que sea de lujo, popular o ecológico.
Celebramos con ovaciones las intenciones del Gobierno nacional. Sin embargo, clamamos para que ellas no queden en un plan concebido en la oficina de un burócrata en Bogotá y que nunca logre la tan ansiada ejecución, para ver si algún día saldamos la deuda que tenemos con San Andrés.