Las declaraciones del presidente Petro a Andrés Mompotes en la entrevista que publica El Tiempo del lunes 18 de marzo deben ser leídas con el mayor cuidado. Sus palabras están llenas de mensajes en los cuales anticipa su propósito de saltarse las normas que nos rigen y que le dan estabilidad a nuestro sistema institucional.
En la entrevista, Petro afirma ser un demócrata. Según sus propias palabras, “Soy un demócrata que aboga por una democracia más profunda y garantista”. Habría que empezar por definir qué entiende el presidente por “democracia” y cuáles son las garantías por las que pretende abogar.
Empecemos por lo primero: a diferencia de lo que Petro piensa, la democracia no se limita a la existencia de elecciones populares. Rusia realizó comicios electorales el domingo pasado y Venezuela está próxima a realizarlos. Sin embargo, con seguridad estaremos de acuerdo en que se trata de dos países en los cuales los valores democráticos están claramente erosionados.
De manera que no son las elecciones el factor que diferencia a las democracias, sino el reconocimiento y aceptación de las reglas de juego que definen y limitan el ejercicio del poder. Ése es su pilar fundamental. Los sistemas democráticos cuentan con mecanismos encaminados a garantizar que las acciones de los agentes políticos, económicos y sociales se sometan a las normas vigentes. La existencia de estas garantías institucionales es a lo que le damos el nombre de “gobierno de las leyes” o, al decir de la tradición política inglesa, “the rule of law”.
Esa definición, aceptada de manera generalizada en los sistemas democráticos occidentales, es precisamente la que Petro repudia. Para Petro, la democracia surge de las manifestaciones espontáneas de la población o, lo que es peor, de algunos de sus sectores específicos sean éstos los que sean.
Así se deduce de sus afirmaciones según las cuales estamos ya en un proceso constituyente. “El primer paso -dice- y ese fue el discurso de Puerto Resistencia, es organizar los comités municipales, es decir que las organizaciones de base municipales se movilicen, se junten; convocar al pueblo a la movilización, a la calle, al debate, a ejercer el poder constituyente que se puede ejercer ya en unos niveles que la constitución del 91 permite, que están definidos como cabildos abiertos, que son mecanismos de participación ciudadana vigentes”.
La frase transcrita enciende las alarmas en la medida en que muestra la disposición que ya anticipa Petro de perseguir una convocatoria de una asamblea constituyente, pero no por los canales institucionales establecidos para el efecto en la propia Constitución, sino a través de los caminos informales que anuncia desde ya: comités municipales, organizaciones de base, cabildos abiertos y, el favorito de siempre, la calle.
Ante la insistencia de Mompotes sobre la disposición de someterse a la decisión de la Corte Constitucional sobre la materia, que es una etapa que la Constitución define, Petro contesta: “Todo depende de la fuerza del poder constituyente, que se expresa con votos”. Es decir, como lo ha hecho ya en varios momentos de su gobierno, el presidente invoca el “poder popular” para empujar sus iniciativas.
El poco respaldo con el que cuenta; el desencanto de sus votantes cada vez más decepcionados por las promesas incumplidas y por el pésimo desempeño que ha exhibido el gobierno; las barreras que le han impuesto el Congreso y las altas cortes en procura de que las actuaciones del Estado transcurran dentro del cause institucional, permiten vaticinar que la tal constituyente no es sino otro golpe que lanza el presidente para medirle la temperatura a la opinión pública.
No obstante, hay que tener las mayores precauciones. No sabemos a qué artimañas acuda el presidente para empujar esta idea funesta de convocar una constituyente en un escenario de polarización como el que tenemos. Las constituyentes funcionan de manera adecuada cuando las sociedades tienen unos consensos básicos sobre el rumbo que quieren seguir. Cuando esta condición esencial no concurre, las constituyentes no son más fuente de desilusiones y nido de luchas estériles. Basta ver el caso de Chile.
A falta de consensos, es probable que el presidente persista en su idea de acudir a mecanismos informales, a la calle, a las hostilidades, para darle una presunta legitimidad a una ocurrencia que de manera alguna responde al clamor nacional y que, salvo voces aisladas, no cuenta con respaldo alguno.
Nunca sabremos este gobierno con qué nos pueda salir. No sabemos por dónde nos salte la rana. Pero sí sabemos que, en muchos ámbitos, el sistema de pesos y contrapesos ha asegurado un control adecuado y ha evitado desafueros de las más variadas especies. Desde la política criminal hasta el régimen de los servicios públicos. La idea de convocar una constituyente en los términos en los que lo anuncia Petro exige que estos controles sean aún más eficaces. Y la voz de los ciudadanos, más obstinada.