Preocupa la pugnacidad que han exhibido el presidente Petro y sus -hasta ahora- dos ministros de Salud contra las EPS y demás particulares que participan del servicio de salud.
Por: Luis Jaime Salgar Vegalara. Mejor Así
Las dificultades que aquejan al sistema de salud no son nuevas. Basta darle una mirada al Plan Nacional de Desarrollo del gobierno anterior para encontrar varias medidas encaminadas al fortalecimiento del sistema, la descripción de los servicios que cubre, el mejoramiento de la vigilancia del Estado sobre sus prestadores y a la atención del siempre presente inconveniente del pago de las obligaciones acumuladas y la introducción de mecanismos encaminados a buscar su pago.
Cuatro años después estamos en una situación similar, aunque ahora quienes desde el Estado tienen la responsabilidad de velar por la resolución de tales dificultades, parten de premisas que no hacen sino agravarlas.
Preocupa la pugnacidad que han exhibido el presidente Petro y sus -hasta ahora- dos ministros de Salud contra las EPS y demás particulares que participan del servicio de salud. Las acusaciones -algunas veladas y otras frontales- aumentan la incertidumbre y la desconfianza, sentimientos que en nada ayudan a la construcción de soluciones, pero que sí promueven la disociación.
La tan cacareada tesis según la cual la salud es un derecho y no un negocio, le introduce un tufillo de ilicitud a una actividad empresarial que ha traído bienestar a una enorme cantidad de colombianos y que ha promovido condiciones básicas de igualdad. Esa es la magia de los servicios públicos. Lo que importa no es quién los presta, sino los resultados: su capacidad de actuar como vehículo de promoción colectiva. La dimensión pública de los servicios públicos no radica, por tanto, en el régimen de propiedad de sus prestadores sino en la mejora de la calidad de vida de sus beneficiarios. Bajo esa óptica, es claro que 30 años después el saldo es muy favorable y los avances innegables, sin querer desconocer con ello las muchas debilidades que aún enfrenta el sistema de salud y las inaceptables faltas en las que han incurrido algunos de sus partícipes.
Una solución estructural exige analizar de manera integral las diversas dificultades que enfrenta. Quizá los problemas que aquejan al sistema puedan ser agrupados en tres grandes categorías: el alcance del servicio, la insuficiencia financiera y la debilidad regulatoria.
Comencemos por el alcance del servicio. Tradicionalmente, el debate se había dado en términos de cobertura: cuáles son las patologías, tratamientos y las medicinas que cubre el sistema de aseguramiento. En esta esfera, Colombia exhibe una particular generosidad. En este país, los usuarios acceden a una gran cantidad de servicios que los sistemas de seguridad social en salud de otras latitudes no cobijan, así sus niveles de renta sean significativamente superiores a los colombianos.
El actual gobierno ha señalado que el debate en torno al alcance del servicio debe ser visto desde dos ópticas adicionales: la atención efectiva de las poblaciones que habitan en las regiones apartadas del país y la medicina preventiva. Son preocupaciones válidas. Es innegable que hay una marcada inequidad entre el acceso a la salud de la población rural en comparación con la que obtiene la población urbana. La medicina preventiva, por su parte, ha tenido resultados insuficientes. Se trata de esferas que ciertamente reclaman una actuación decidida.
El segundo problema es el relativo a la insuficiencia financiera. Las preocupaciones que en días pasados formularon tres EPS reconocidas por su buen desempeño y la reciente intervención de Famisanar son, en parte, resultado de un sistema que no proporciona los recursos que demanda su adecuado funcionamiento. Como lo señalaba ya, la cobertura -en términos de servicios cubiertos- ha aumentado de manera acelerada; no así los recursos para financiarla. Las EPS señalan con insistencia que los recursos que les reconoce hoy el sistema para la atención de sus usuarios no alcanzan para cubrir los costos. A esto se suman otros ingredientes, tanto estructurales como coyunturales, como las diferencias en torno al pago de servicios no cubiertos por el plan de beneficios, las cargas adicionales que trajo la pandemia y el siempre presente problema del rezago en el giro de los recursos.
Finalmente, está el problema regulatorio. Es quizá el más complejo, aunque es también el que mayores oportunidades ofrece para la construcción de un sistema de salud que responda de manera adecuada a las necesidades del país. Hay indefinición sobre las obligaciones que deben asumir, en concreto, las EPS, dado el acceso a servicios que exceden el plan de beneficios. Los problemas de información son significativos. No existe un costeo preciso del servicio, ni una categorización de usuarios por niveles de riesgo. Tampoco se conocen los esfuerzos adicionales que exige la prestación adecuada del servicio en zonas remotas ni las eventuales eficiencias que trae la implementación de una política eficiente de atención preventiva.
Se trata de datos básicos que permiten modelar el servicio con fundamento en evidencia objetiva y no al amparo de suposiciones fundamentalistas y de preconcepciones ideológicas.
Una “Comisión de Regulación del Servicio de Salud” similar a las que se encargan de regular los servicios públicos domiciliarios podría cobrar sentido en este escenario. Pese a las amenazas que enfrentan, las comisiones de regulación han demostrado su utilidad a la hora de fijar reglas para el funcionamiento eficiente de actividades que se surten en condiciones imperfectas de mercado.
La independencia de las que gozan frente al Ejecutivo, los procesos que siguen para la definición de los valores de los servicios y las instancias de participación que ofrecen, les permiten además recabar información valiosa para la configuración y evaluación de los servicios, y ayudan a generar transparencia en esferas que tanto la requieren.
Se trata de una propuesta que lleva al mismo lugar al que el presidente quiere llegar -el mejoramiento del sistema de salud- pero por la vía del fortalecimiento de la institucionalidad existente -cuyos logros han sido reconocidos en distintos escenarios nacionales e internacionales- y no de su destrucción.