Al parecer, Santos está furioso con Petro. Considera absurda la tesis que ha venido esgrimiendo el actual presidente según la cual el acuerdo suscrito en 2016 entre el Gobierno y las Farc contemplaría la posibilidad de convocar una constituyente tendiente a asegurar su implementación.
Esta idea que impulsa Petro -con el acompañamiento del defenestrado canciller Leyva, quien seguramente está en fila, como tantos otros salidos en este gobierno por actuaciones cuestionables, para asumir alguna nueva posición- se suma al acuerdo de carácter vinculante que los representantes del actual Gobierno firmaron con los voceros del ELN el pasado viernes 24 de mayo, y cuyo propósito consiste en construir una “agenda de transformaciones para la paz” que “conlleve a un gran acuerdo nacional para la superación del conflicto político, social, económico y armado”.
Dos propuestas siniestras encaminadas a modificar el régimen institucional colombiano sin sujeción a los procedimientos establecidos en la Constitución Política; es decir, por la puerta de atrás, de manera borrosa y sin que medie el debido debate público.
El sentimiento de Santos es comprensible: la propuesta de Petro busca llevar su acuerdo con las Farc a una esfera que no sólo no hizo parte de la negociación inicial, sino que quedó expresamente excluida.
Su ira tiene, sin embargo, una arista que bien merece un comentario. Santos es el progenitor de una figura que no había hecho nido en suelo colombiano y que en su momento nos generó múltiples reparos: la suscripción de acuerdos que alteran el régimen constitucional colombiano pese a haber sido resultado de negociaciones adelantadas de manera privada por el Gobierno Nacional con un grupo armado ilegal responsable de gravísimas infracciones contra el Derecho de la Guerra y el Derecho Internacional Humanitario.
Hice parte de varias organizaciones y centros de pensamiento que expresaronsus inquietudes por la senda que había elegido el Gobierno de Santos para asegurar el reconocimiento de lo convenido con las Farc. Buscamos que se introdujeran límites estrictos a la facultad del presidente de celebrar acuerdos con los grupos armados ilegales y nos opusimos a la reforma constitucional de 2017 que le daba al acuerdo la calidad de parámetro obligatorio de interpretación constitucional.
Sigo pensando que los argumentos que expusimos en ese entonces eran adecuados y que la introducción de parámetros prudentes nos hubiera ahorrado muchos de los problemas que hoy enfrenta la implementación del acuerdo inicial, así por aquella época a quienes manifestamos nuestras preocupaciones se nos tachara de enemigos agazapados de la paz.
Sin embargo, el exabrupto que azuza la actual administración y el empeño que le ha puesto a su proyecto de trasladar las instituciones constitucionales al ámbito de su vaporosa constituyente y de la mesa de negociación con el ELN, nos obliga a defender -así sea a regañadientes- las decisiones ya implementadas, los precedentes con los que contamos.
Porque, aunque no nos guste, justo es reconocer que lo convenido en ese entonces entre el Gobierno Nacional y las Farc es manifiestamente distinto a lo que sucede ahora. En esa ocasión, el acuerdo recibió del Congreso el aval que la ciudadanía se abstuvo de otorgar. Además, sus fundamentos y sus desarrollos posteriores contaron con el reconocimiento de la Corte Constitucional.
Este hecho cobra ahora un especial valor. El Congreso y, sobre todo, las Cortes han realizado hasta la fecha una encomiable labor de contención de la embestida autoritaria.Ellas han impedido que el presidente ejerza facultades legislativas en el marco de una excepción que carecía de sustento; que se apodere de la regulación de los servicios públicos; que obligue al pago de impuesto de renta sobre recursos que se encuentran ya en poder de la administración pública. Pese a los cuestionamientos que lo acechan, el Congreso se ha negado a aprobar proyectos fatales como la reforma a la salud.
Si bien no compartimos todas sus decisiones -y sus omisiones-, sí estimamos que las instituciones públicas colombianas han respondido a los retos que ha despertado este proyecto político que no tiene precedentes en nuestra geografía. Esperemos que conserven su rumbo, que no sucumban ante los cantos de las sirenas ni se intimiden ante las amenazas que circulan a través del canal oficial de gestión gubernamental.
Hoy no basta con sentir ira.Es necesario tener claras las ideas. La calidad de las instituciones se mide por su capacidad de trazar un destino viable en el largo plazo. La invitación que nos extiende Petro para que nuestro proyecto político sea definido por una constituyente convocada con el apoyo de unas disidencias criminales o en una mesa de negociación con un grupo armado ilegal que salvaguarda su derecho de secuestrar carece de todo fundamento. Las instituciones tienen el deber de impedir que una situación así sobrevenga y los ciudadanos estamos obligados a acompañarlas y a apoyarlas.