Solemos identificar los impuestos con esas sumas de dinero que debemos pagarle al Estado por la realización de algunas acciones concretas tales como adquirir bienes o servicios gravados para el caso del IVA; generar utilidades para el caso de la renta; o tener un inmueble para el caso del predial. Esos impuestos tienen la particularidad de que nos permiten saber quién ordena su pago, por qué concepto y cuánto pagamos para cumplir el respectivo gravamen.
Existen, sin embargo, otro tipo de decisiones estatales que inciden en la distribución de los recursos que hay en una sociedad y que afectan nuestra situación económica, pero frente a las cuales es difícil o incluso imposible responder de manera conjunta estos tres interrogantes. Se trata de los “impuestos invisibles”.
Pensemos, por ejemplo, en las inversiones forzosas que el Gobierno busca imponer a las entidades crediticias para generar, por esta vía, unos recursos que se utilizarían para la financiación de determinadas políticas públicas. ¿Esta medida le afecta a usted?Claro: es una medida que limita los recursos de crédito disponibles lo cual lleva a que usted deba pagar una tasa de interés más alta. ¿Cuánto más alta? Eso ya no lo sabemos.
La prohibición de las exportaciones de carbón a Israel tiene una estructura similar. Esta restricción impide a las empresas del sector adelantar sus actividades mercantiles y honrar los compromisos contractuales adquiridos. Es una decisión que nos afecta a todos porque reduce la generación de riqueza, desestimula el empleo que tales exportaciones generan y nos obliga a pagar un dólar más costoso. Aunque, de nuevo, la cuantificación individual de estas consecuencias es una tarea imposible.
Las barreras que le ha puesto el Gobierno a la exploración y explotación de hidrocarburos es un caso más. ¿Tiene el país alternativas para la generación de la energía que necesita el país y que provienen de estos recursos? ¿Cuenta con otras fuentes que le permitan generar los recursos económicos que estas actividades generan? Evidentemente no. Es, por consiguiente, una medida que genera riesgos de desabastecimiento energético y que a futuro nos obligará a tener que asumir precios superiores por la energía que consumimos.
Los impuestos invisibles corresponden así a todas aquellas cargas que el Estado impone pero que se concretan a través de decisiones que no cuentan con sustento democrático directo y cuyos costos, no importa qué tan significativos sean, se expresan de manera difusa: son costos que asumimos, pero no sabemos exactamente por qué vía ni en qué dimensión. Son “obligaciones” que nos sobrevienen sin que realmente las podamos controlar o cuantificar.
El debate en torno a los impuestos invisibles cobra importancia en la actual coyuntura dada el muy mal desempeño que exhibe la economía colombiana desde hace ya un buen tiempo. El año pasado crecimos sólo un 0,6% y éste lo haremos en un 1,7 o 1,8%. Los años siguientes la dinámica continuará por una senda similar. Unos resultados lamentables que nos condenan a continuar arrastrando altas tasas de pobreza y marginalidad y que se interponen en nuestro deseo de lograr el desarrollo.
Podría argumentarse que se trata de resultados que van de la mano con los de la región y que incluso superan a los que alcanzaron o esperan alcanzar países como Chile o Perú.
Creo, sin embargo, que ese no es el término de comparación que debemos usar. En lugar de comparar nuestra tasa de crecimiento con la de otras naciones, deberíamos comparar la tasa que logramos con la que podríamos lograr si tomáramos decisiones correctas. En otras palabras, ¿vamos a la velocidad a la que podríamos ir? ¿Aprovechamos de manera eficiente las oportunidades que tenemos para avanzar en la consolidación de nuestra economía?
Por supuesto que no. Justo es reconocer que la economía colombiana vive desde hace tiempos sujeta a toda clase de restricciones que le restan dinámica y que le impiden su desarrollo. No obstante, esta administración se ha encargado de acentuar y de llevar a un estadio superior tales defectos.
Al tomar decisiones de esta naturaleza, el Gobierno dice actuar en nombre de la igualdad. Esta afirmación es falsa. En política, la igualdad se contrapone a la inequidad, a la injusticia, no a la transparencia. Es decir, una medida puede perseguir la igualdad sin renunciar a la transparencia. El Gobierno no acepta esta premisa. Si lo hiciera, se vería obligado a reconocer la importancia de los fundamentos técnicos que deben acompañar las decisiones públicas lo cual, por razones que desconozco, le resulta inadmisible.