Por Luis Felipe Henao
Abogado, exministro de Vivienda, Ciudad y Territorio
La reforma a la justicia que plantea el Gobierno tiene grandes avances pero es necesario enfocarlos en dos objetivos esenciales: la descongestión y el acceso a la justicia. El país no da espera a una reforma urgente que permita superar el tsunami de demandas que se presentan diariamente en Colombia. Mientras que el número de procesos se ha duplicado en los últimos 10 años, el número de funcionarios judiciales no se ha aumentado ni en un 10 %, lo cual hace que, pese a la titánica labor de jueces, fiscales, asistentes y magistrados, los procesos en primera instancia se tramiten en un promedio de cuatro años y en segunda instancia por lo menos en otros dos. Por ello la descongestión judicial será una política estructural del Estado.
Tradicionalmente la descongestión en Colombia es una preocupación de la rama judicial. Se crean juzgados de descongestión en las áreas más críticas y cada año se termina rogando al Gobierno su apoyo para que se renueve sin que se piense en solucionar el problema de manera estructural, lo cual exige medidas fuertes:
La primera es la creación de los jueces constitucionales para tutelas que no se interpongan contra providencias judiciales. Según datos de la Corte Constitucional, más del 50 % de las tutelas tiene relación con la salud, la educación y la libertad de expresión que deben ser decididas por jueces penales, civiles o laborales que al no tener suficientes conocimientos en esos temas deben dedicar mucho tiempo por la premura del plazo para decidir que es de solo 10 días. Esta reforma descongestionaría por lo menos el 30 % del volumen de trabajo de los jueces ordinarios y daría más garantías a los ciudadanos.
La segunda es el fortalecimiento de la jurisdicción contencioso administrativa. La estructura de solo cinco salas y 27 magistrados no tuvo en cuenta el gran impacto que han tenido las acciones populares y de grupo en Colombia. Además mientras en la Corte Suprema se han creado nueve cargos de magistrados para las salas penales de aforados y 10 de descongestión en la Laboral, en la Contenciosa no ha sucedido lo mismo. Es necesario crear nuevas salas frente a temas que han adquirido relevancia tanto en cifras como en importancia, como el medio ambiente y el tema agrario. Asimismo, hay secciones que requieren más magistrados como la primera y la tercera.
La tercera es permitir que algunos procuradores judiciales apoyen temporalmente las funciones de la justicia. Desde hace 20 años en Colombia se ha dado la discusión de si deberían eliminarse los procuradores judiciales especialmente en materia penal. Sin embargo, más allá de la discusión sobre el tema, los procuradores judiciales son personas muy calificadas y con gran experiencia y conocimientos que podrían dar una mano importante a la justicia sirviendo a la descongestión.
La cuarta idea se encuentra ya en la reforma e implicaría una descongestión impresionante de la justicia civil y es conferir funciones jurisdiccionales a notarios, centros de arbitraje y/o centros de conciliación en asuntos en los que acudan las partes por mutuo acuerdo o en los asuntos declarativos en los que no se manifieste ninguna oposición a la solicitud.
Es el momento que las reformas se centren en la descongestión y en el acceso para que los ciudadanos sientan realmente un fortalecimiento de su derecho a la administración de justicia.
“El país no da espera, se necesita una reforma urgente que permita superar el tsunami de demandas que se presentan diariamente en Colombia”