A veces veo al Alto Comisionado para la Paz con un aire ingenuo, que lo lleva a ser hermético. Sí, sentarse con emisarios de los jefes de bandas criminales es un paso importante, pero firmar algo con ellas es otra cosa.
Juan Diego Restrepo E.
Mucha tinta ha corrido en los últimos meses sobre la posibilidad de que organizaciones criminales de Medellín y el área metropolitana se acojan a la política de “Paz Total” promovida por el actual Gobierno nacional. No hay nada claro aún, salvo varios mensajes y una reunión de emisarios de jefes de esas estructuras con Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz.
No será un proceso fácil, pues un acuerdo con esas bandas debe ir más allá de “silenciar los fusiles”. Se deben lograr pactos que desmonten los negocios criminales de venta de drogas ilícitas, servicios de prostitución (que incluye a menores de edad), extorsión, ‘pagadiarios’, sistemas de lavado de dinero y sicariato por encargo. Además, que identifiquen a los integrantes de sus redes criminales que operan en la legalidad, entre ellos sectores de la fuerza pública y empresarios.
La criminalidad urbana tiene variables que se deben considerar a la hora de firmar acuerdos con garantías judiciales. Por eso es importante establecer qué tanto sabe el Gobierno Nacional de ese fenómeno en Medellín y su área metropolitana, y qué información ha recibido de los organismos de seguridad del Estado.
Para sentarse a negociar condiciones de inclusión en la “Paz Total”, hay que saber con quién se está tratando.
Y a veces veo al Alto Comisionado para la Paz con un aire ingenuo, que lo lleva a ser hermético. Sí, sentarse con emisarios de los jefes de bandas criminales es un paso importante, pero firmar algo con ellas es otra cosa.
Para comprender mejor un proceso de esta magnitud, es clave conocer cuál es la línea base de la que parte el Gobierno sobre este tipo de criminalidad y cuáles son sus variables más significativas. Pienso por ejemplo en la cantidad de personas que integran las bandas; en sus características y rasgos; trayectorias, formaciones y lugares de operación; actividades económicas legales e ilegales a las que están vinculados; jerarquías y representatividad de los jefes; y enemistades y rivalidades.
No se trata de un asunto meramente académico. Conocer esas estructuras criminales permite establecer niveles de confiabilidad de quienes están a la cabeza de ellas y proyectar la seriedad de sus compromisos. No podemos olvidar que, en el pasado, algunos de esos jefes tuvieron la oportunidad de abandonar sus actividades criminales cuando integraron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pero no lo hicieron y continuaron delinquiendo.
Otra cara de esta discusión es el arraigo que tienen en los barrios de la ciudad. Ante la perspectiva de la “Paz Total”, ¿estarán en disposición de abandonar el modelo de control social y de vigilancia impuesto por décadas? ¿O volveremos a padecerlos a través de las fachadas de organizaciones no gubernamentales, como ocurrió en el pasado?
Y algo más: ¿está la Policía en capacidad de combatir la delincuencia sin esa complementariedad histórica con estructuras criminales bajo un “modelo de cooperación” que no es un secreto?
Insisto: no se trata de “acallar fusiles” solamente. Aquí no hay una guerra contra el Estado. Se trata de intervenir y suprimir un modelo de criminalidad que se ha expandido a diversas regiones de Antioquia y del país, y que también ha llegado a varios países latinoamericanos. ¿Alcanzará la “Paz Total” para tanto? Si no lo logra, será otro fracaso más en la historia de Medellín y su área metropolitana.