Es un hecho, Colombia está en riesgo fiscal. Los mercados lo avizoran con preocupación, pero por ahora, pareciera que la ciudadanía no advierte la gravedad de esto. Aunque parezca inverosímil, el gobierno nacional intenta crear una historieta en la que el país es una víctima del sionismo que profesan los mercados financieros.
Ahora bien, podríamos decir que el manejo macroeconómico del país ha tenido algo de recato. Sin embargo, la virulencia anti-mercado de muchas de las reformas del gobierno ponen en peligro la estabilidad fiscal. Pues, aunque desde el Misterio de Hacienda se ha intentado guardar la compostura, en Ecopetrol, pareciera que por instrucciones de Casa de Nariño, se han tomado decisiones que están arruinando el flujo de caja operativo de la petrolera. Todo, por delirio ideológico, a expensas del equilibrio presupuestal.
Debe aclararse que el campanazo de alerta para los mercados fue el anuncio, repetido en varias ocasiones, del ejecutivo sobre la conveniencia de violar la regla fiscal. Lo que implicaría, palabras más, palabras menos, darle rienda libre al gasto del gobierno. Lo que lógicamente, agudizaría la condición deficitaria de las finanzas públicas.
En ese sentido, y de acuerdo con datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), entre 1994 y 2022, el 'Sector público consolidado' presentó déficit en veintitrés años de los veinticuatro analizados, a excepción de 2012. Valga la salvedad de que el 'Sector público consolidado' es conformado por 'Gobierno nacional central' y 'Sector público no descentralizado' y que, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), en media, el déficit total alcanzó, el -6.3% del PIB ('Gobierno nacional central', -3.9%; 'Sector público consolidado', -2.4%).
Entonces, salta a la vista que la necesidad que el país tiene en materia de finanzas públicas es la reducción del desbalance fiscal, para lo cual, la evidencia histórica nos muestra que lo más adecuado es el recorte del tamaño del Estado, lo cual implica reducir la burocracia, racionalizar la arquitectura institucional, y gestionar con austeridad.
Empero, el Congreso de la República, con el aval del ejecutivo, está promoviendo un proyecto de ley que reformaría el Sistema General de Participaciones (SGP), cuyo espíritu es incrementar el nivel de autonomía fiscal de los municipios y departamentos a través del traslado de recursos del sector central de la administración pública hacia los territorios.
Si bien es cierto que esto coincide con lo estipulado en la Constitución Política, deberían tenerse en cuenta algunos cuestionamientos a fin de analizar su pertinencia: i). La reforma per se no garantiza que los recursos transferidos desde el nivel central retirarán la presión de gasto de este sector; ii). Vale la pena preguntarnos si los órganos de control de las jurisdicciones territoriales gozan de capacidad institucional para ejercer el debido control fiscal a las administraciones descentralizadas; iii).
¿Acaso las administraciones municipales y departamentales gozan de funcionarios preparados técnicamente para la ejecución eficiente de recursos?, pues, ni siquiera estas condiciones se aprecian en el gobierno nacional; iv) ¿De dónde saldrán los recursos financieros que viabilizarán la reforma del SGP?; v). ¿Será que este Congreso, implicado, en el escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), puede garantizar que el incremento de la autonomía fiscal para los territorios protege los recursos de las acciones criminales de los corruptos?; y vi). Debería objetarse si el incremento de la autonomía presupuestal de los territorios trae consigo mejoras en los niveles de calidad de vida de los ciudadanos.
Es fácilmente predecible que, de aprobarse la reforma al SGP, se materializarán condiciones de mayor vulnerabilidad para la estructura fiscal del país, lo que generará mayor incertidumbre. Este no es un asunto de poca importancia, pues, las agencias calificadoras ya advierten de los efectos desastrosos que esto tendría en el perfil de riesgo soberano.
No en vano, hace pocos días, Fitch profirió la calificación del país indicando que el déficit fiscal y el nivel de incertidumbre respecto del peso porcentual que podría alcanzar la deuda en relación con el PIB, influencia especialmente la calificación (BB+). La agencia destaca que son tres los aspectos que podrían hacer que la calificación empeore para 2025: i). Incremento del déficit fiscal y/o incremento de la razón deuda pública/PIB; ii). Deterioro de las condiciones de inversión y/o de crecimiento de mediano plazo con efectos en los niveles de desempleo y pobreza; iii). Incremento de la vulnerabilidad respecto de factores externos, por cuenta del deterioro del déficit fiscal, de las condiciones de inversión, y del nivel de endeudamiento.
Infelizmente, todo parece indicar que el país deberá asumir el costo social de las malas decisiones, del sesgo ideológico, y de la falta de tecnicismo en la gestión económica del Estado, pues, el proyecto de reforma al SGP, ha sido aprobado en seis de ocho debates en el Congreso. Desde ya, debería advertirse el efecto negativo de la aprobación de esta reforma en materia de reducción de la calificación de riesgo para 2025 por cuenta del deterioro fiscal.