En materia de calificación de riesgo soberano, Colombia se está rajando. Razón por la cual, este análisis se centra, principalmente, en escudriñar las calificaciones de riesgo vigentes. Es obvio que los mercados están ponderando y descontando todo lo que ocurre en el país.
Empecemos por aclarar que las calificaciones de riesgo de crédito son opiniones especializadas emitidas por empresas dedicadas al análisis financiero. Dentro de las más conocidas están Fitch, Moody's y Standard & Poor's (S&P).
Estas calificaciones estiman la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras de parte de los emisores de títulos (bien sean de renta fija o variable). Para tales fines, las agencias calificadoras utilizan información reportada por los emisores y el mercado. Adicionalmente, analizan la coyuntura política y social del entorno del emisor, bien sea este una administración pública (soberana o del nivel subnacional) o una empresa. Como puede inferirse, dichas calificaciones soportan decisiones de inversión y fondeo en el mercado global, aun cuando no son recomendaciones de inversión propiamente dichas.
Así las cosas, las calificaciones de riesgo son vitales para el fondeo de proyectos de inversión, tanto en el sector público como privado, así como para estructurar operaciones de deuda, toda vez que aportan información relevante para el análisis comparativo de los tipos de interés.
Entonces, ya que fue expuesta la importancia de las calificaciones de riesgo en las líneas anteriores, debe advertirse que cada agencia calificadora tiene su propia metodología, así como su propia escala de calificación. Dichos análisis de riesgo son realizados anualmente, aun cuando pueden ser revisados en cualquier momento.
En enero de 2024, S&P le confirió al país la calificación de BB+. En junio y noviembre de 2024, Moody's y Fitch le asignaron las calificaciones de Baa2 y BB+, respectivamente. Cabe aclarar que las calificaciones de S&P y Moody's tienen perspectiva negativa (la de Moody's venía de ser estable), lo que significa que estas dos agencias consideran que es mucho más probable que para 2025 la calificación empeore antes que pueda cambiar de dirección. En el caso de Fitch, la perspectiva es estable, lo cual significa que no se advierte condición de mejora en el corto plazo.
Ahora bien, el cuestionamiento que debe hacerse el país es acerca de los factores que determinan esas calificaciones (drivers). Pues, se supone que dichos factores deberían ser considerados también por el ejecutivo, así como por el legislativo, en lo que a sus decisiones y responsabilidad se refiere.
En el caso de S&P, la calificadora indica que el perfil de riesgo del país podría empeorar siempre que la economía no crezca, que el déficit en cuenta corriente continúe en aumento y que las finanzas públicas sufran un deterioro.
Para Moody's, el país podría sufrir una reducción de la calificación (downgrade) siempre que no se logre un buen ritmo de crecimiento económico, que la proporción de deuda (interna y externa) respecto del Producto Interno Bruto (PIB) aumente y que no se respete la regla fiscal.
Fitch, por su parte, tiene previsto que la calificación de Colombia podría empeorar siempre que se incremente la proporción de la deuda respecto del PIB, que se deterioren las finanzas públicas y que la economía no consiga crecer, impactando los niveles de pobreza, desempleo y pérdida de inversión directa.
En síntesis, puede decirse que para las tres calificadoras son importantes los siguientes factores: i) que la economía del país crezca (incremento del PIB); ii). que no se materialice el riesgo fiscal por vía de debilitamiento de la estructura de las finanzas públicas; y iii). que el sector productivo nacional se fortalezca en los mercados local e internacional.
Entonces, ni el más optimista de los colombianos, ni tampoco el más desinformado, podría considerar que es probable que para 2025 el país consiga mejorar sus calificaciones de riesgo, lo que implica que el servicio de la deuda será cada vez más costoso, tanto para el sector privado como para el público estatal. Ese diferencial en el costo de la deuda implicará pérdida de competitividad para el sector productivo y reducción del bienestar social, en términos generales.
¿Quiénes asumirán la responsabilidad? Pues, no debemos ignorar que el costo de las malas decisiones (incluso, las electorales), así como de la pobre gestión pública, siempre será social.