Hace 30 años —2 de marzo de 1992—, durante el gobierno de César Gaviria, los colombianos vivieron entre tinieblas como consecuencia del fuerte racionamiento provocado por el intenso verano en buena parte del país que prácticamente secó los embalses generadores de energía hidroeléctrica.
La crisis energética de ese entonces, se alargó por 11 meses y en las principales ciudades el apagón se prolongó por nueve horas diarias y en otras hasta por 11 horas. En Cali se llegó a decretar seis días de arresto para quienes derrocharan agua y se empezaron campañas a nivel nacional de “cierre la llave” para cuantificar los litros de agua que gastaba cada familia.
A ello se sumó lo que el país conoció como la “hora Gaviria”, cuando el gobierno decidió adelantar una hora los relojes para aprovechar más la luz del día en las labores de hogar y de trabajo.
Treinta años después. El país está al borde de un nuevo apagón. También como consecuencia del fenómeno del Niño y las alarmas se han prendido porque los embalses están en su límite, a pesar de que en los últimos días ha llovido, pero como ocurrió en 1992 se requieren más de 1.800 aguaceros para volver a la llamada normalidad.
Desde Gaviria, hoy el país ha tenido seis presidentes. Con Petro se van a completar diez gobiernos en estos 30 años. En el 2015, durante la administración de Juan Manuel Santos, hubo otra fuerte sequía que estuvo a punto de provocar un nuevo colapso del sistema energético del país. El Niño es un fenómeno predecible. Los expertos en la materia saben cómo funciona y cómo impacta en la naturaleza y las consecuencias que puede tener en la prestación de los servicios de agua potable y energía.
Entonces, la pregunta que surge es ¿por qué razón el país no está preparado para afrontar estos fenómenos y que sus ciudadanos no se vean abocados a sufrir racionamientos de agua y luz? Y que el Gobierno a última hora esté más con el credo en la boca rezando para que llueva y no con la puesta en marcha de un paquete de medidas a tiempo que mitigue el impacto de las sequías.
¿Qué ha pasado con la puesta en marcha de los parques eólicos, que técnicamente está demostrado que son vitales en las épocas fuertes veranos para la producción de energía cinética a través de las corrientes de aire que se transforman en electricidad?
Como bien lo dice el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta, uno de los mayores expertos en el país, la improvisación y la carencia de ejecución de proyectos, ha sido la constante en estos tiempos cuando el fenómeno del Niño hace de las suyas.
En 1994 el Congreso de la República expidió dos leyes, una de servicios públicos (142) y la otra eléctrica (143) en las que se plasmaron las lecciones aprendidas del apagón de 1992. Con esas herramientas legislativas se estableció una institucionalidad para ampliar la cobertura y la calidad del servicio y de paso enfrentar cuatro fenómenos del Niño, sin llegar a los extremos a los que hoy se enfrentan en esta oportunidad.
En las subastas realizadas en 2019 y 2021, fueron asignadas 2.400MW de capacidad de generación de energía eólica en La Guajira. El proyecto contemplaba que los primeros parques eólicos entraran en funcionamiento en el 2022. Hasta ahora no ha entrado ninguno.
La tardanza del ministro de Minas y Energía en actuar y tomar decisiones a tiempo para enfrentar esta crisis ha sido evidente. En octubre del año pasado, 14 exministros del ramo alertaron al Gobierno sobre el riesgo inminente de un posible racionamiento del servicio de energía en el momento en que se estaba gestando el fenómeno del Niño. La carta dirigida al presidente Petro hacía alusión a una serie de medidas que deberían aplicarse de manera inmediata. Solo cinco meses se expidió la directiva presidencial 01 del 1 de abril sobre las “buenas prácticas del ahorro de energía y agua”.
Pero no solo el tema era que los colombianos tomarán conciencia de ahorrar luz y agua. También los exministros hicieron un serio planteamiento sobre la situación de GREG. Se pedía el nombramiento en propiedad de los seis comisionados con su debida solidez técnica, como lo ordenaba el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, que además señalaba que estos expertos deberían tener dedicación exclusiva y por períodos de cuatro años. A hoy, en semejante crisis, solo se han nombrado dos en propiedad.
Mientras tanto, el país sigue en la encrucijada si el racionamiento de energía está a la vuelta de la esquina por el bajo nivel de los embalses que pone en riesgo la operatividad del sistema interconectado nacional y por ende las consecuencias económicas para el país. O, habrá que esperar como dice el viejo refrán “que llueva, que llueva, que la Virgen está en la cueva…”.