El ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, puso el debate a nivel nacional sobre el delicado tema de los precios de los medicamentos. En el gobierno de Juan Manuel Santos el encargado de la cartera de esa época, Alejandro Gaviria, hizo un primer intento por control de precios en el mercado para algunos medicamentos específicos. Este debate es el clásico ejemplo del escenario en donde todas las partes tienen algo de razón.
Las grandes farmacéuticas al parecer son los nuevos enemigos de Jaramillo, y en general del Gobierno del Pacto Histórico. Muchas de ellas hacen parte de Amcham, la Cámara Colombo Americana de Comercio, dirigida por la exministra de Comercio y exdirectora de Proexport, María Claudia Lacouture. En medio de las explosivas declaraciones de Jaramillo, Lacouture intentó explicar en algunas entrevistas radiales que el análisis no es tan sencillo.
Hay que tener en cuenta que hay muchos medicamentos que no han podido ingresar a nuestro mercado por ineficiencia del Invima, entidad que debe dar los permisos respectivos y lleva todo este gobierno sin director en propiedad.
Adicional a este inaceptable cuello de botella, está el tema de que algunos medicamentos de venta al público en general dependen de varios precios en la cadena. Todo inicia con el precio del productor hacia el distribuidor, luego viene otro precio del distribuidor hacia la droguería y finalmente está el precio del consumidor, el que paga de su bolsillo todos los márgenes anteriores.
Cuando un gobierno decide “intervenir” o intentar “controlar” las anomalías del mercado se encuentra con esa cadena de precios, y lo máximo que puede hacer es ponerles un tope a algunos de ellos, pero no es posible imponer restricciones a toda la cadena. Es por esta razón que al final las droguerías tienen producto con precio “sugerido” pero no es jurídicamente vinculante ni obligatorio.
Sumado a todo lo anterior está el grueso elemento de las patentes por países. Hay moléculas o medicamentos específicos que tienen una protección legal por varios años, para que cierto laboratorio farmacéutico tenga la exclusividad en el mercado. Esto ayuda a recuperar la inversión que se hace en los procesos de investigación y desarrollo.
El mercado de las patentes fue diseñado de esa manera para que existan incentivos económicos hacia quienes realizan la investigación científica correspondiente. Sin esa protección, las compañías sencillamente no tendrían los recursos suficientes para invertir en el descubrimiento de nuevas moléculas.
Hay que tener en cuenta que existen asimetrías regulatorias entre países, es por este que ciertos medicamentos son significativamente más costosos en un país que esté en el período de protección de la patente, frente a un país que ya superó la etapa.
Esto explica la imposibilidad de envío de medicamentos de un país a otro por sistemas de mensajería tradicional, lo cual desbordaría una piratería si se pudiera realizar el respectivo “arbitraje” y aprovecharse de las asimetrías.
Investigar nuevos medicamentos es un proceso largo, complejo y que requiere grandes inversiones financieras, tal como lo ha dicho en reiteradas ocasiones María Clara Escobar, la presidente ejecutiva de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo Afidro.
Si el ministro continúa con las amenazas, eventualmente habrá farmacéuticas que dejarán de importar algunos medicamentos, por temor a ser intervenidos drásticamente en precio, y entonces Jaramillo deberá responderle al país cuando haya desabastecimiento de ciertas moléculas.
En ese hipotético escenario, la única salida es que los colombianos busquen la manera de no enfermarse, como posible solución a esta coyuntura de tensión y señalamientos dentro de todo el ecosistema. Tal vez así, evitando enfermarnos, los colombianos logremos sobrevivir a todos los cambios turbulentos que proponen desde el Pacto Histórico.