La Registraduría otorgó finalmente el contrato de su aliado tecnológico para las elecciones de Juntas Administradoras Locales (JAL) y áreas metropolitanas por un valor cercano a los $41.000 millones de pesos. El consorcio ganador resultó ser la unión temporal Disproel 2024 único oferente en el proceso, integrada por el grupo ASD, la firma Thomas Greg & Sons y la compañía de seguridad Transbank. Abiertamente la Presidencia mostró su incomodidad al observar la presencia en el consorcio de la compañía Thomas Greg & Sons, un enemigo unilateralmente declarado del presidente Gustavo Petro. Antes de la adjudicación del contrato, los diferentes episodios del accidentado proceso de los pasaportes, hicieron evidente la animadversión del mandatario hacia esa particular empresa. Los motivos del odio y resentimiento.
El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, advirtió el viernes pasado que radicará una denuncia penal y elevará solicitudes de investigación a los organismos de control del Estado por la adjudicación de este particular contrato. El funcionario hace algunos meses estuvo a punto de salir de su cargo cuando inició el escándalo de los sobrecostos en la compra de carrotanques por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. En declaraciones a medios de comunicación hace apenas algunas horas, Idárraga expresó que “será la justicia penal la que determine la responsabilidad de los funcionarios en esta adjudicación por la posible contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales, debido al posible incumplimiento de los deberes y principios establecidos en la Ley 80″. Dos veces usa el término “posible” para blindarse jurídicamente de demandas o denuncias. Una duda razonable que a mi juicio terminará en denuncias archivadas en el mediano plazo.
El Presidente y su equipo están equivocados en el marco de la ley 80 de contratación. Petro aseguró al inicio de su mandato que “en mi gobierno no habrá licitaciones de un solo proponente” lo cual es abiertamente una ilegalidad según expertos en la ley de contratación. Por más instrucción presidencial, las leyes no se interpretan con el deseo. La Registraduría adjudicó el reciente contrato apegada a las normas vigentes. Cuando hay un proceso licitatorio, y si por algún motivo solamente se presenta un proponente que cumple todos los requisitos del pliego, la entidad debe adjudicar el contrato. En la licitación de pasaportes ya sucedió, por lo cual la firma Thomas Greg & Sons demandó al Estado, con muy serias posibilidades de ganar en la reclamación.
Es por esto que el actual canciller Luis Gilberto Murillo ha venido intentando que la firma retire la demanda, sabiendo que la cancillería tiene todas las de perder. No es gratuito que la anterior directora de Agencia Defensa Jurídica del Estado, la ex fiscal Martha Lucía Zamora, haya advertido que el mejor escenario era una conciliación, lo que la llevó a enfrentarse al anterior canciller Álvaro Leyva, hoy a punto de ser sancionado por la Procuraduría por su actuación arbitraria en ese caso.
La alcaldía de Bogotá Humana de Petro hace más de 10 años cometió los mismos errores jurídicos cuando se metió de lleno a cambiar el esquema de basuras de la ciudad, situación que eventualmente lo llevó a la sanción de la Procuraduría de Ordóñez. Al mirar con el paso del tiempo todo lo sucedido, no queda otra explicación diferente a que las decisiones que toma el funcionario en mención son apegadas al resentimiento, odio, venganza, ego y otros elementos emocionales y cualitativos, que en todo caso son alejados de las leyes. Aquí queda suficientemente evidenciado que no quiere a los Bautista, accionistas de Thomas Greg & Sons, pero esa animadversión no ha sido suficiente para tumbar su participación en los procesos de Cancillería y Registraduría. Los Bautista siguen ahí, y seguirán cuando se acabe el gobierno actual. En la vida simplemente hay cosas que no se logran cambiar con el deseo. A veces hay que cumplir las leyes.