La Comisión II de la Cámara de Representantes adelantó entre martes 12 y miércoles 13 de marzo de esta semana el debate de control político contra el canciller encargado Luis Gilberto Murillo. El funcionario se presentó al debate únicamente el día martes y al día siguiente envió una excusa a la Mesa Directiva dejando el debate en suspenso. Con doce votos a favor y uno en contra los congresistas aprobaron una proposición rechazando la excusa del canciller y al final lo que se hizo fue suspender el debate, con fecha de continuación aún por definir.
A la salida del recinto el martes Murillo explicó a medios de comunicación que el proceso de pasaportes que se encuentra en un limbo actualmente, se resolvería aproximadamente en “un mes”. Explicó además que el gobierno deberá darle un tiempo prudencial de cuatro a cinco meses de organizar la infraestructura y procesos a la organización que eventualmente se quede con el contrato para poder ejecutar la solución adecuadamente. Hay que tener en cuenta que la urgencia manifiesta firmada por el suspendido canciller Leyva se acaba en octubre de 2024, lo cual aprieta bastante los tiempos.
Ese “mes” que anunció Murillo es el tiempo justo que tiene la cancillería para organizar la fiesta, realizar los ajustes necesarios y configurar lo que él considera “solución” al chicharrón peludo. Las ideas que ha propuesto Murillo contienen una serie de ingredientes explícitos. Lo primero es que Murillo seguirá la instrucción al pie de la letra del Presidente Petro de no adjudicar bajo ninguna circunstancia el contrato nuevamente a la firma Thomas Greg & Sons. Al gobierno le importan poco las demandas que la empresa va a interponer, por no adjudicar dos veces la licitación al ganador y otra por el daño reputacional. Las demandas sumarán en total más de un billón de pesos. Murillo sabe perfectamente que la decisión que va a tomar lo puede llevar por los mismos pasos que está recorriendo Álvaro Leyva en la Procuraduría. Debe buscar una muy buena excusa para hacer lo que ya está decidido: tumbar la segunda licitación.
La “solución” que se va a inventar el gobierno es la de firmar un convenio interadministrativo entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, para que sea la Imprenta la encargada de todo el contrato. Por supuesto que la Imprenta no tiene ni la experiencia ni las máquinas necesarias para esto, por lo cual serán ellos los que definirán, y no la cancillería, quienes con los proveedores finales que cumplan requisitos.
Se ha rumorado que una empresa mexicana, Accesos Holográficos, podría ser el proveedor del pasaporte para la Imprenta, pero investigación de varios medios han mostrado que esta empresa en especifico, no tiene las credenciales, ni la experiencia para proveer una solución que incluya la libreta de pasaportes con características de seguridad iguales o superiores y mucho menos tiene la experiencia de personalización que es grabar la información del usuario en la pagina de datos y el chip del pasaporte.
La imprenta tiene una tarea importante para seleccionar un proveedor que no solamente tenga experiencia fabricando pasaportes electrónicos y la experiencia de personalización, sino actualizar el pasaporte actual a los nuevos estándares internacionales. El pasaporte actual tecnológicamente es un documento del 2010 y merece una actualización para que Colombia nuevamente tenga un producto de ultima generación. Se esperaría que proveedores internacionales tengan esta capacidad sin tener que hacer acuerdos de uniones temporales y demás marañas legales para obtener las referencias requeridas como era la intención de Accesos Holográficos.