En una reciente decisión contra las plataformas Didi, Uber y Cabify,la Superintendencia de Industria y Comercio se metió de lleno en favor del gremio de los taxistas buscando afinidades electorales potenciales para la campaña presidencial que perdurará por los próximos dos años. El DPS que dirige el multimillonario novelista Gustavo Bolívar aportó lo propio con unos subsidios para minimizar el impacto del aumento del precio de la gasolina a esa misma población.
Cielo Rusinque en una curiosa investigación sobre el mercado de las plataformas digitales, formuló pliego de cargos por presuntas infracciones al régimen de libre y leal competencia. El propósito de las actuaciones del organismo regulador es determinar si las compañías investigadas habrían infringido el régimen de protección de la competencia y si habrían incurrido en actividades de competencia desleal.
La presunta infracción se pudo haber configurado al haber promovido la prestación de ciertos servicios de transporte en incumplimiento de la regulación vigente del sector y en condiciones que además habrían generado ventajas competitivas en beneficio de los prestadores que están vinculados a dichas plataformas.
Como la SIC es la autoridad competente la investigación se enmarca en profundizar detalladamente sobre un análisis sobre el respeto a las normas que protegen la libre y leal competencia. De hecho, la SIC lo debe hacer en todos los mercados en donde pudiera haber abusos de dominancia, prácticas restrictivas contra la competencia, o competencia desleal. En anteriores ocasiones, distintos superintendentes como Jairo Rubio, Andrés Barreto o Pablo Felipe Robledo han sancionado empresas de todo tipo por estos fenómenos.
Según la SIC el análisis de la autoridad de competencia no se centrará en establecer si las plataformas prestan directamente el servicio de transporte, ya que esto no se relaciona con el objeto de las actuaciones administrativas. Llevamos varios gobiernos, con diferentes ministros de transporte que no han querido regular estas nuevas tecnologías por miedo a las protestas de los taxistas. Los ministros de la cartera TIC, que también pudieran participar de una eventual solución. todos se han lavado las manos. Al comienzo solo fue UBER, pero luego se unieron otras plataformas digitales, para en conjunto solicitar formalmente a los diferentes gobiernos para que actualice una norma que está obsoleta, pero es la que le da el caballito de batalla a los taxistas.
Una ciudad como Bogotá, sin esas plataformas, con un Metro en construcción sencillamente es inviable a nivel de movilidad. El número de taxis es de lejos insuficiente. Muchos conductores coinciden en que hay mercado para todos. Algunas empresas de taxis tradicionales creen que no, que las plataformas digitales les han quitado una porción significativa de mercado. El debate es de nunca acabar y se replica en diferentes países donde UBER ha tenido que ser el abanderado de la disrupción jurídica para poder operar.
Hay que reconocer que muchos taxistas ya tienen sus propias plataformas, que algunos usan multiplataforma y que hay también un alto porcentaje de informalidad en los conductores que no siempre tienen sus seguros en regla y temas de planillas de seguridad social al día. La informalidad laboral es lo que predomina, y las plataformas digitales también vienen buscando (como muchas otras compañías del mundo digital) que en Colombia exista el pago por horas como una posible remuneración para ciertos sectores.
Este Gobierno que ya decidió de frente ponerse del lado de los taxistas debe reconocer que dejar en el limbo jurídico decenas de miles de conductores y sus familias que hoy viven de ese negocio es crear otro estallido social que les va a reventar en la cara en un futuro no muy lejano. Este banderazo está resultando una muy mala señal