En las últimas jornadas la Contraloría General de la República y los miembros del Comité Autónomo de la Regla Fiscal alertaron sobre inconsistencias en las cifras presentadas por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2025.
El principal problema es que se presenta una cifra que se encuentra desfinanciada. Hay algunos expertos que hablan de 12 billones, pero otros se atreven a especular sobre unos 40 billones que no se sabe de dónde van a salir. La forma y plan para conseguir el faltante genera ciertas preocupaciones pues según la CARF, estamos como país muy al borde del tema endeudamiento y no se podría financiar el faltante con mayor apalancamiento sin incumplir los indicadores que la regla fiscal impone. El año pasado cuando se radicó el Presupuesto General de la Nación para esta vigencia 2024 la cifra presentada por el Ministerio de Hacienda fue de 502 billones de pesos. Ese proyecto también tenía su propia dosis de cuentas alegres, pues recordemos que se hablaba de un recaudo tributario de aproximadamente 13 billones de pesos que siempre estuvieron en discusión.
Estas alertas buscan “aterrizar” las cifras dentro de las Comisiones Económicas del Congreso. La Contraloría inclusive ofreció apoyo técnico con sus expertos para encontrar salidas a lo que se aproxima en 2025. Carlos Hernán Rodríguez, al frente de la entidad, explicó que “La Contraloría presta funciones de soporte técnico al Congreso y estamos dispuestos a manifestar nuestras apreciaciones frente a esa aprobación del presupuesto, y que no vaya a pasar lo mismo que pasó con el presupuesto de este año y es que se aprobó sin tener en cuentas las observaciones de la Contraloría y las consecuencias inmediatas fueron recorte presupuestal y congelamiento del presupuesto”.
Desde la CARF expresan una particular preocupación, ya que su equipo de expertos considera que el escenario fiscal del año entrante incluye unos gastos con un nivel alto de ingresos inciertos. Sin haber comenzado la vigencia de entrada se van a tener que realizar ajustes y eventualmente recortar cierto nivel de gasto para poder cumplir con la regla fiscal. La CARF adicionalmente ha descartado la idea del ministro Bonilla de “flexibilizar” los términos de la regla, no solo por que está en la Ley 1473 de 2011,, sino porque Colombia no quiere recorrer los caminos turbulentos que les sucedieron a naciones como Grecia o Argentina que destruyeron su economía y vivieron etapas largas de hiperinflación por no ajustarse el cinturón.
En términos globales la Regla Fiscal es un instrumento de planeación financiera que tiene como objetivo establecer metas puntuales sobre el balance fiscal en función del nivel de deuda pública, garantizando la credibilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas. En una etapa como la actual, es muy importante el cumplimiento de esta norma, ya que para el primer trimestre de 2024, el saldo de la deuda externa de Colombia alcanzó US$196.280 millones, es decir un 50,8% del PIB. Hubo un aumento de deuda de US$74 millones con respecto a diciembre de 2023.
El 83% de este monto corresponde a pasivos con vencimiento original mayor a un año y el 17% a créditos con vencimiento igual o menor a un año. La regla fiscal le indica al gobierno de turno cuál es la máxima capacidad de déficit fiscal que se puede manejar y llevamos un período largo con deuda superior al 50% del PIB por lo que no sería recomendable ni asumir más gastos ni más deudas. Lo razonable es disminuir el gasto público y tratar de rebalancear la deuda de alguna manera. En todo caso no más cuentas alegres.