Álvaro González Hollman fue posesionado el pasado 2 de enero por Concepción Baracaldo, en ese entonces al frente del ICBF, como director de primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Según la cuenta de X del Instituto, González asumiría varios retos, uno de ellos lograr la “articulación con la Dirección de Nutrición para atender niños-as de 0 a 5 años”.
El presupuesto de esa dirección, primera infancia, es de 5 billones de pesos al año. Un mes y cinco días después, el 8 de febrero, Baracaldo renunció a su cargo después de ser duramente cuestionada por su falta de experiencia en temas de infancia, y del escándalo por la candidez con la que reconoció, sin sonrojarse, que ella era una ficha de la primera dama Verónica Alcocer.
Con la salida de Baracaldo la suerte de González comenzó a cambiar. La nueva directora, Astrid Cáceres, con una amplia experiencia en infancia y un largo recorrido por distintas fundaciones relacionadas con la niñez, comenzó a recibir quejas de operadores del ICBF que, para ponerlo en términos diplomáticos, no se sentían a gusto con él. Y unos meses después, el 3 de octubre, mediante la Resolución 6605 del ICBF, se decretó que el cargo de González Hollman se declaraba insubsistente.
La figura de la insubsistencia, según explica la función pública, tiene que ver con la deficiencia en la prestación de un buen servicio por parte de un funcionario. Cualquiera que haya trabajado en el sector público sabe que es una mancha en la hoja de vida.
Unos días después, sin embargo, la insubsistencia fue anulada. Algo, seguramente poderoso y palaciego, persuadió a la directora Cáceres del ICBF de aceptarle la renuncia y anular el acto administrativo que lo declaraba insubsistente. Varios congresistas y periodistas, entre los que me incluyo, han enviado desde entonces derechos de petición al ICBF preguntando por los motivos concretos de la insubsistencia.
Las respuestas no son satisfactorias. Semanas después de estos extraños acontecimientos, González Hollman, tan suertudo y bien apadrinado, terminó reemplazando en la Consejería para la Reconciliación de la Presidencia a Eva Ferrer, la antigua amiga de la primera dama Verónica Alcocer.
Dos meses antes, en un episodio no aclarado, el mismo gobierno que lo premió con una consejería lo declaraba insubsistente de un cargo fundamental para millones de niños y niñas en Colombia. Este no es el único caso de conductas extrañas en las altas esferas del Gobierno. El jueves 14 de diciembre la superintendente de industria y comercio, María del Socorro Pimienta, fue declarada insubsistente por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña.
Lo extraño es que horas antes el director del DAPRE, Carlos Ramón González, hombre muy cercano al presidente Petro, le ofreció a Pimienta, a cambio de su renuncia, un par de cargos diplomáticos, uno en Miami y otro en Paraguay.
La señora no aceptó y un día después llegó la insubsistencia. Para que no quede duda sobre la cercanía de estos episodios, en una tutela presentada por Pimienta el viernes 15 de diciembre su apoderado señala que: “el martes 13 de diciembre la señora Pimienta recibió frecuentes llamadas de Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de Presidencia, para insistir en ofrecimientos de cargos para que dejara la Superintendencia de Industria y Comercio”. Si Pimienta merecía la declaratoria de insubsistencia, ¿por qué 24 horas antes la querían premiar con un cargo diplomático?
En medio de todo esto, a la doctora Martha Lucía Zamora, abogada respetada y brillante, la echaron de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado por cometer el pecado mortal de contradecir los caprichos del canciller Álvaro Leyva, un personaje cínico, petulante y maltratador.
En el gobierno del Cambio, la supervivencia consiste en tener la influencia suficiente para que no te declaren insubsistente.