Dice Elon Musk en su cuenta de X:“es hora de volver a ilegalizar el crimen”. Una de las amenazas más importantes para las sociedades abiertas es precisamente que el crimen haya dejado de ser ilegal, es decir, que esté justificado, que todo crimen en el fondo sea político, que, como dicen los manifestantes en favor de Hamas, en las universidades de la Ivy League, “la violación es resistencia”.
La democracia es un hecho intrínsecamente moral que supone un relato compartido mayoritariamente sobre la vigencia de la legalidad, sobre el rechazo de imponer la fuerza arbitrariamente a terceros con cualquier finalidad y la igualdad ante ley.
En el marco de un grado permanente de inestabilidad, un movimiento de protesta se convierte en milicias que a su vez se transforman en organizaciones criminales y llegados a este punto recurren a su relato justificatorio inicial para mantener la dinámica de sus objetivos como organización fuera del alcance de la ley, mediante acuerdos, o “negociaciones de paz” para imponer la “legalidad” de sus crímenes y a la vez mantener sus capacidades operativas.
La recurrencia de este tipo de negociaciones normaliza la violencia sectaria y se extiende al crimen común impulsando valores negativos que incentivan a su vez la inseguridad porque el actor criminal se siente personaje de un drama que lo libera de la culpa. Frente al juicio ha desaparecido la presunción de inocencia para convertirse en afirmación de inocencia y por lo tanto la culpabilidad se traslada a la sociedad.
Está en funcionamiento un modelo de democracia en obra negra, donde los políticos no necesitan votos, ni los empresarios necesitan mercados y las organizaciones criminales no cometen crímenes, estos grupos desarrollan su actividad a partir de acuerdos y pactos con el estado, de crear, o derogar normas y capturar partes del presupuesto, sin tener en cuenta, porque no la necesitan, a la ciudadanía, con lo cual se ha destruido por completo el sistema de representación política, limitado seriamente la libertad de mercados y en un ambiente de inseguridad, se ha desarrollado una insólita tolerancia al miedo y la violencia. Es en este escenario gris y desmoralizante, donde se está desarrollando el drama de la captura del estado por parte de un cartel extremista y bandas organizadas, que usan como argumento central de su relato la justificación del crimen y la ilegalización del hombre común.
La que conocimos como guerra insurgente contra el Estado ha desaparecidopara convertirse en la guerra del estado contra los ciudadanos, en la cual se busca que los criminales legalizados ocupen el espacio de la sociedad civil, capturen sus recursos y lumpenizar las clases medias, como sucedió en Venezuela donde ya la pobreza es superior al 80% y los individuos con mejor cultura y capacitación abandonaron hace años el país. Por eso es imperativo volver “a ilegalizar el crimen”.
Si la política es el desarrollo constante de un relato compartido, de una especie de narrativa común, esa narrativa es en principio fundamentalmente moral y no desaparece por la fuerza, es una constante, por eso la ciudadanía puede “volver a ilegalizar el crimen”.
El Estado no es dueño del discurso moral, aunque intente controlarlo, nadie le ha delegado esa tarea, ni cuenta con ninguna legitimidad para llevarla adelante. Un primer paso es devolver el juicio. Procesar a los antiguos criminales convertidos en jueces. Eso se llama juicio político, existe, funciona y sobre todo constituye un primer paso en la dirección correcta para recomponer el equilibrio moral en el que se fundamenta la democracia.