Más armas no suponen más crímenes. Más armas no suponen menos crímenes.No hay una demostración de relación causal, directa, entre la cantidad de armas en una determinada sociedad y sus índices de criminalidad, luego no hay razón para desarmar a la ciudadanía, a no ser por razones políticas.
En Estados Unidos hay más armas que habitantes y tiene 6,5 homicidios por cada cien mil habitantes, en Colombia donde hay importantes limitaciones para la tenencia de armas de fuego, esta misma tasa es de 25, 8.
Proscribir los activos básicos del derecho a la defensa solo porque las autoridades no pueden controlar su uso ilegal, es una inmoralidad y una ofensa al sentido común, a la vez que comporta la sospecha de que el Estado busca desarmar a sus ciudadanos para avasallarlos, o ponerlos bajo control de fuerzas violentas asociadas a dicho Estado, que es la actual tendencia en nuestros países. Denegar el acceso a armas legales rompe el equilibrio social porque los delincuentes se arman rápidamente y comienzan a imponer su tiranía criminal frente a estados impotentes, o cómplices, que no los combaten.
En México, o en Colombia, pero esto hoy es válido para el resto del mundo, el crecimiento de la criminalidad es ideológico. El Estado ha promovido la llamada política de identidad del enemigo común, que no es otra cosa que la transformación de lucha de clases en una lucha de identidades, en la cual el crimen y el criminal son una identidad resultado de la opresión.
Cada hurto, cada acto sicarial, cada extorsión, son, según esta política, un acto de rebelión y por lo tanto las víctimas son victimarios y la violencia ejercida contra ellas está justificada. Años de imprimir esta lógica en la cultura urbana han producido una generación de criminales que considera que tienen a la moralidad de su parte, que sus acciones compensan la injusticia y lo peor, eminentes juristas y hasta algunas autoridades, suscriben semejante despropósito, ya sea por pose, o por convicción, o por simple conveniencia política.
Esto ha convertido a ciudades como Bogotá en ciudades del odio. La brutalidad de los criminales frente a sus víctimas no tiene una explicación funcional, la cantidad de violencia utilizada sobrepasa de lejos el objetivo.
Lo que se ve en los videos CCTV es un ensañamiento que sólo explica en el sentimiento de retaliación, en un tipo de odio ajeno al delito mismo. Homicidios por un celular, por una bicicleta, por nada y luego la persecución judicial a las víctimas, a los que por suerte sobreviven al tiroteo, o logran herir a sus victimarios. Una verdadera ordalía. Los moralistas de la opresión han pedido veinte años de prisión para el hombre que mató a un sujeto que segundos antes le disparó dos veces.¡Es increíble!
Recuperar la seguridad requiere primero ponerse del lado del hombre común, del ciudadano al que hemos desarmado y criminalizado. No se puede justificar el crimen y a la vez combatir el crimen, por eso, porque crearon el criminal redentor, la ciudad está amenazada y fuera de control.
El mejor ejemplo es la extorsión. Para el primer mes de este año se reportó un crecimiento del 65% de este delito, que además se considera que tiene un enorme subregistro, solo 3 de cada 10 casos se denuncian.
La extorsión es clave en la compresión de la criminalidad porque es una sustitución directa de la función del estado, dado que se supone que es el estado el único que cobra impuestos. La extorsión es la DIAN del crimen y crea la percepción de que el Estado ha dejado de cumplir concretamente su función primaria de recaudar para proveer seguridad. El impacto psicológico de este crimen es enorme y socaba seriamente la credibilidad de las autoridades y debería por ello, ser una prioridad en la lucha contra el crimen organizado.
Cuando John Lott presentó su famoso informe More Guns, Less Crime, demostró que el facilitar la obtención de licencias para portar armas redujo el número de asesinatos en ratios de 3% al año, de violaciones en 2% al año y de robos en 2% al año, pero su estudio realizado a finales de los años 90s del siglo pasado no podía tener en cuenta variables tan complejas como el crecimiento de las economías ilegales del siglo XXI.
Pero no importa, la defensa personal es un derecho naturaly Estados Unidos no sería lo que es si hubiera conculcado ese derecho y nuestras repúblicas de opereta son lo que son porque lo conculcamos. Creamos una ciudadanía de víctimas y más allá de cual sea el escenario táctico de la seguridad ciudadana, devolver a la gente el derecho a la defensa y reconocer su inocencia frente a los criminales, es la base moral para devolver la seguridad a las calles.