Pueden ser 16.000, o 17.000 hombres los que, de acuerdo con los registros del Ministerio de Defensa, conforman las bandas armadas que operan en el territorio nacional. Son impresionantemente eficaces, sólo entre tráfico de cocaína y minería ilegal mueven unos 20.000 millones de dólares al año y administran la expansión y logística de aproximadamente 300.000 hectáreas de coca, la tercera área más grande de un cultivo específico después del café y la palma.
A modo de comparación, el sector petrolero en Colombia hizo en 2022 negocios por 19.000 millones de dólares y para ello requirió de 200.000 empleados directos. Estas bandas armadas son la saga estragada de doce procesos de paz, fallidos, confusos, inútiles.Estos procesos que iniciaron en 1985 como una estrategia política de posicionamiento moral de las elites, han prolongado la guerra, han legitimado el terrorismo hasta llevarlo a la presidencia de la republica y han perturbado gravemente la democracia dividiendo a la ciudadanía hasta poner en grave riesgo la continuidad del establecimiento y los valores de la sociedad abierta.
Señala Lawrence Freedman, en su libro La Guerra Futura, que “entre 1946 y 1989 sólo hubo 12 guerras civiles que concluyeron con una negociación de paz, mientras que otras 82 terminaron con una victoria militar”, pero a partir de 1990 se dio una transformación que supuso que entre esta fecha y 2005, se llegara a alguna forma de acuerdo de paz en 27 guerras y que solo en 20 las hostilidades terminaron con el triunfo armado de una de las partes. Gran parte de estos acuerdos fueron impulsados, cuando no impuestos, por la comunidad internacional y surgieron del agotamiento de las partes en conflicto, no de la buena voluntad, o del pragmatismo político.
En Colombia, si tomamos como referencia las negociaciones iniciadas en el gobierno de Belisario Betancur a mediados de los años ochenta del siglo pasado, todas las organizaciones armadas en ese momento no sumaban más 3.000 hombres, hoy doce procesos paz después, tenemos 17.000 y en un momento dado, hace una década es probable que estos grupos sumarán unos 25.000 efectivos. Desde el inicio de las políticas de paz la guerra no ha hecho otra cosa que crecer y extenderse en el territorio. Pero no se trata tan sólo de un estado de inestabilidad constante. Toda guerra es política y militar y los acuerdos de paz son interpretados por las fuerzas contendientes como una prolongación del conflicto, incluso cuando se trata de organizaciones armadas radicales de izquierda, ven la política como la continuación de la guerra y por lo tanto el “proceso de paz” deviene en escalamientos posteriores e intensificación de la violencia.
Es decir que como objetivo estratégico de largo plazo el establecimiento ha fallado en cuanto lograr la reducción de la conflictividad, proteger a la población y controlar el territorio utilizando acuerdos con las organizaciones armadas.
El resultado de décadas de aplicación de este modelo ha sido desprestigiar al establecimiento mismo, fracturar la sociedad y convertir la política en un relato donde los radicales son los contendientes y el centro la paz, con que ha puesto a la sociedad misma contra la paz cuando esta reclama seguridad y apoya las acciones de la fuerza pública. Esta lógica, que no es más que la renuncia unilateral a la victoria militar niega la naturaleza misma y la razón de ser del estado.
Así, la peor amenaza para la democracia en Colombia no es la guerra, sino “la paz” que nunca ha sido.