“Rousseau distingue dos clases de dictadura: una dictadura propiamente dicha, en la que las leyes callan, y otra que consiste en que las competencias son reunidas tal como existen con arreglo a las leyes vigentes, de manera que se produce una concentración dentro del ejecutivo, sin en que los demás cambie nada en la situación jurídica”, así cita Carl Schmitt, en La Dictadura, los antecedentes conceptuales sobre los cuales se establece una situación “ajurídica” en la cual la minoría virtuosa impone el terror para liberar a la mayoría “corrupta”. Estas viejas especulaciones criminales vuelven cada vez que una pandilla nueva captura el poder en alguna democracia.
¿Las economías criminales han crecido tanto que ya exigen un espacio en el poder real? Lo que llaman constituyente es en realidad un eufemismo para responder positivamente a dicho interrogante. Un nuevo acuerdo con el crimen organizado, en el cual las bandas armadas reemplazan a la sociedad civil, desplazan a una ciudadanía carente de representación política, porque esas bandas ahora son el pueblo.
El Pacto Histórico es una organización creada para representar políticamente al crimen organizado y al terrorismo y hacer viable su acceso al poder transformándolos en vanguardia política. Esto solo es posible mediante la imposición de una nueva constitución, de un nuevo acuerdo cuyo objetivo primario es garantizar la impunidad. Pero tiene consecuencias tan graves como la fragmentación del territorio nacional en función de las zonas influencia armada de las diferentes bandas que participen en el acuerdo, para el “nuevo ordenamiento territorial”, la apropiación de redes logísticas y de comercio para incentivar las “economías populares”, la expropiación generalizada de tierras y propiedades para “el pacto por una economía productiva”, la persecución de opositores políticos en el marco de la “verdad judicial”. Esta lista de intenciones no es posible de lograr sino mediante una dictadura soberana, de lo contrario es la génesis del conflicto civil.
El Pacto Histórico es una organización creada para representar políticamente al crimen organizado y al terrorismo y hacer viable su acceso al poder transformándolos en vanguardia política.
Hace años que las elites traicionaron a la democracia.Resulta apenas lógico que se sumen al crimen para instaurar una dictadura, igual ya implantaron la impunidad del terrorismo y perpetuaron la guerra en nombre de la paz. Los rencorosos pandilleros que quieren ahora destruir la libertad son su subproducto moral, su hechura. Sin dinero, ni votos, ven en la deriva autoritaria del rencor una oportunidad de volver al poder. Necesitan que los ciudadanos vuelvan a ser pueblo, que los individuos vuelvan a ser masa, necesitan colectivizar, igualar, para que nadie, otra vez, ose igualarlos.
Una asamblea constituyente es un vasto colegio ilusorio porque las constituciones no se fabrican, los pactos políticos son la forma tangible de la tradición, son pactos implícitos, un lenguaje común, no una simple comunidad de intereses. Un escenario donde actores fuera de la ley crean la ley, solo están promoviendo la violencia. No son estado, no son derecho y no son pueblo, su capacidad de imponer la fuerza no es aún capacidad frente a un estado extinto.
La ciudadanía cuenta con un pacto vigente, legítimo y aceptado mayoritariamente, minorías violentas y elites fracasadas no caben ya en ese pacto y lo acechan desde sus márgenes para expulsar a los ciudadanos y suplantar la soberanía de los individuos con su dictadura disfrazada de ley. El largo camino que hemos recorrido para ser primero tribu, luego pueblo y luego ciudadanos, no puede terminar ahora en que volvamos a ser tribu como resultado de un pacto entre criminales.