El Gobierno Nacional acaba de designar una magna comisión de treinta y siete importantes juristas y políticos, con el encargo específico de proponer lo que sería la gran reforma a la justicia que desde hace varios lustros viene reclamando el país.
Por supuesto que es un tema aplazado de la mayor envergadura y el país lo viene reclamando desde hace varios gobiernos, sin que haya sido posible cristalizarlo.
Pero, ¿Por qué es necesario reformar la justicia en Colombia? Porque no se pueden concebir la paz ni la seguridad ciudadana, el progreso del pueblo, su bienestar y su inclusión en un mundo globalizado, su triunfo frente a la corrupción, sino mediante una justicia sólida, autónoma e independiente, plural, solidaria, organizada, limpia, moderna, cumplida, sintonizada con las necesidades de los justiciables y con las exigencias del tráfico contemporáneo.
Definitivamente, el diseño de la rama judicial que realizó el constituyente de 1991 quedó mal hecho y los hechos han traído nuevas circunstancias que deben tenerse en cuenta para poder lograr justicia entre los colombianos.
Sin embargo, varios puntos merecen reflexión sobre la iniciativa del Gobierno; observemos algunos de ellos. Lo primero, llama la atención que ya a casi la mitad del periodo, el Gobierno no sepa qué es lo debe o quiere hacer con la justicia, al punto que la comisión tiene por encargo definir los temas y las prioridades que deberán impulsarse.
Se supone que quien se presenta ante el público buscando la presidencia de la nación, ya tiene propuestas y políticas públicas definidas sobre un tema tan trascendental para los colombianos. En el presente caso, ya a punto de entrar en el declive del mandato, apenas se integra una comisión de magníficos para que indiquen qué es lo que debe hacerse.
Pero, además, se pretende una gran ordalía para analizar el tema, ya de por sí es una comisión bastante amplia para que pueda ser funcional, rápida y eficaz en las propuestas, que además pretende abrirse a consultas con los diferentes estamentos interesados en el tema.
Cuando termine todo ese proceso, seguramente el Gobierno vivirá su periodo otoñal, sin la suficiente fuerza para impulsar un proyecto de tanta envergadura y que debe remover bastantes privilegios. Para adelantar una reforma de la importancia que requiere la justicia en Colombia se requiere liderazgo y este lo tienen los gobernantes cuando comienzan, no cuando terminan.
El Gobierno además le pone camisa de fuerza a la reforma que se requiere, cuando dice que esta no debe tocar la Constitución, sino los mecanismos para que la justicia llegue al ciudadano.
Sin duda el acceso a la justicia debe ser el fin predilecto de toda reforma, pero, que es necesario revisar las estructuras constitucionales, es asunto que no puede negarse.
Por todas estas circunstancias, no pareciera que la justicia sea una prioridad del gobierno colombiano; sin liderazgo, sin voluntad política y sin tiempo, pareciera imposible sacar una reforma de la justicia de la trascendencia que requiere el país.