¿Cuál sería la forma jurídica para instrumentar dicha política de paz total?
Jaime Alberto Arrubla Paucar
Presidente Revista Alternativa
Todo un alboroto se levantó en el país con la posible implementación de la propuesta de campaña del nuevo gobierno para una “paz total”. Intentemos en el imaginario plantear algunas preguntas que se hace la gente y cuáles podrían ser las respuestas:
¿Con quién sería esa propuesta de “paz total”? Se ha dicho que, en principio sería con el ELN, con las disidencias de las Farc y con grupos delincuenciales que se dedican al narcotráfico, como por ejemplo el Clan del Golfo, entre otros.
¿Sería una negociación o una política de sometimiento a la justicia? Tiene que ser diferente según el destinatario; por ejemplo, con el ELN, que tiene un origen y todavía mantienen cierta connotación de actores políticos, podría haber negociación; pero con los grupos delincuenciales, políticamente, lo que puede hacerse sería una estrategia de sometimiento, con algunas prebendas de penas alternativas y reducidas que les brinde algún atractivo para dejar sus negocios ilícitos.
El nuevo canciller del gobierno aclaró que se trata de un acogimiento y no de un sometimiento, lo que no deja de ser un juego de palabras y por supuesto, un mensaje de magnanimidad de parte de los nuevos gobernantes.
¿Cuál sería la forma jurídica para instrumentar dicha política de paz total? También depende de los compromisos y lo que se ofrezca a los grupos delincuenciales. Uno de los grandes problemas sería la extradición, si es que el Gobierno se compromete a no hacerlo, pues existen compromisos internacionales y tratados de extradición con países como Estados Unidos. Con las Farc, por su connotación de actores políticos, dicho país no ha efectuado solicitudes de extradición; lo mismo podría suceder con el ELN si es que se le admite ese estatus, a pesar de crímenes de lesa humanidad confesos, como el aleve ataque a los estudiantes de la Escuela General Santander y hasta con las disidencias de las Farc; pero en los demás casos, sobre los que pesan investigaciones y cargos por narcotráfico, ante una solicitud de extradición, habría que atenderla. Si el presidente se escuda en la discrecionalidad que le da la Constitución para no hacerlo, podría tener otros problemas, con el concierto internacional.
Los compromisos de rebajas de pena, pueden implementarse por ley. Pero si se les otorga a los alzados en armas, la posibilidad de una jurisdicción especial para juzgar sus crímenes habría que hacerlo por una reforma a la Constitución. Incluso, a pesar de que la JEP, cuya creación se elevó a reforma de la Constitución por vía fast-track; podría decirse que es el ejemplo típico de una sustitución de la Carta. Por ello, lo más recomendable sería crear esa jurisdicción especial, o extender la actual, no por un acto legislativo, sino emprender la reforma por medio de un mecanismo de participación popular.
Claro que puede implementarse una política de negociación con grupos como el ELN y de sometimiento con los demás grupos delincuenciales; ya hay antecedentes en el país: con la mafia en el gobierno Gaviria se implementó una política de sometimiento; con los paramilitares, en el gobierno Uribe, hubo algo similar y terminaron extraditados; con las Farc, hubo negociación y acuerdos de paz; es decir, nada nuevo bajo el sol.
El real problema es el político y sobre todo el manejo del concierto internacional. ¿Hasta dónde problemas de delitos supranacionales como lo es el narcotráfico, permiten con eficacia una política local de sometimiento? Es lo que está en veremos. Se plantea cambiar la política contra las drogas y el narcotráfico y seguramente la revisión es necesaria, pues la lucha y los sacrificios de tantos años, no han dado los resultados esperados; sin embargo, la pregunta es ¿hasta dónde podemos hacerlo individualmente? Es necesario que quienes han protagonizado la lucha antidrogas, promuevan el cambio en la lucha que se propone por el gobierno Petro.