Lo sucedido el primero de mayo en la celebración del Día del Trabajo es inaudito; que el presidente de la República se suba en una tarima en la plaza mayor a blandir la bandera del M-19, movimiento guerrillero al margen de la ley al cual perteneció, al frente del edificio de la Corte Suprema, el mismo que fue tomado y destruido por dicho movimiento guerrillero y donde murieron más de un centenar de personas; donde ondea una llama perenne que recuerda las víctimas, es por lo menos un despropósito, una falta de respeto.
La reivindicación del movimiento M-19 por parte del jefe de Estado es a todas luces desafortunada; no sólo porque el presidente encarna la unidad de la nación y el acto acontecido en la plaza de Bolívar está plagado de hostilidad contra las víctimas, contra la dignidad de la justicia y contra el mismo acto de amnistía que se le concedió a los victimarios tratando de cerrar la herida y de reconstruir la paz entre los colombianos.
Pero tan grave como la exageración del mandatario de los colombianos, es el silencio de las demás autoridades, comenzando por el Congreso que concedió el perdón judicial y por los presidentes de las Cortes que, en cierta forma, representan a los ultrajados con la toma. Ninguna voz de protesta contra los desmanes presidenciales.
A todo este sartal de equivocaciones se agrega el grito desesperado del jefe de Estado, insistiendo en que quieren tumbarlo; estrategia manida y fallida para tratar de desviar la atención sobre los escandalosos actos de corrupción que enlodan el Gobierno.
Nunca antes habíamos presenciado los colombianos semejante espectáculo de horror y de vileza pública, como el que se confiesa, buscando beneficios judiciales, por el Sr. Sneyder Pinilla: miles de millones de pesos, al parecer dirigidos a las autoridades del Congreso, para obtener el trámite de las reformas. De ser así, estaríamos en el peor de los mundos, el del caos gubernamental más grande de toda la historia republicana de esta nación.
Pero luego viene el reciente escándalo por una supuesta coima al presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes donde se llevan los procesos contra el presidente de la República por las supuestas irregularidades en la financiación de la campaña. Aunque el denunciado lo niega, es otra tronera que se abre contra el Gobierno.
A todo esto se suma el grave problema de inseguridad en el Cauca y la inacción del Estado. El Gobierno ha despreciado su obligación constitucional de velar por la seguridad de los colombianos, en aras de privilegiar su política de paz total.
Es cierto que la Constitución tiene como fin del Estado el buscar la paz, pero ello no puede ser a costa de la seguridad ciudadana. Gobernar es también ponderar y ello es lo que no hace el Gobierno.
Pero la justificación a todos sus problemas es perniciosa. Primero fue el cuento del “golpe blando”, luego de las marchas golpistas del 25 de abril, ahora el funcionario golpista, olvidando que fue nombrado por el mismo Gobierno. Pareciera más un delirio presidencial el asunto del golpismo, que no se sostiene sino en su mente y en la necesidad de buscarle excusas a lo inexcusable.
El presidente con sus actos no está actuando como jefe de Estado, que es lo que le ordena la Constitución. Le corresponde ser el símbolo de unión de los habitantes de Colombia y más parece empeñado en dividir a los colombianos: los que quieren y los que no quieren el cambio; los de izquierda y los de derecha; los golpistas y los gobiernistas. A mitad de su gobierno no acierta en otra cosa, salvo de ahondar en los odios y divisiones entre los habitantes de esta nación.