Editorial: el año que terminó

“Escandaloso, por decir lo menos, resulta que en la decisión de la Contraloría sobre el conflicto de Hidroituango se haya condenado a la aseguradora a pagar un seguro donde se excluía la culpa grave, cuando se dice en la misma decisión que 26 personas actuaron con culpa grave”.

LOS SEGUROS DE HIDROITUANGO

Contundentes las declaraciones del exministro Jorge Humberto Botero, expresidente de Fasecolda, sobre las consecuencias que se podrían derivar de la reciente decisión de la Controlaría General de la República en el conflicto de Hidroituango. Según el experto jurista, la Contraloría actuó con “imprudencia y prisa”; los errores del ente de control, en el proceso de responsabilidad fiscal que adelantó, podrían traer graves consecuencias para futuras megaobras que requieran de aseguramiento.

Cuando se presentó el siniestro durante la ejecución de la obra, se calificó como un accidente, imprevisible e irresistible, debido a una causa extraña, y la aseguradora Mapfre asumió el riesgo asegurado y comenzó a realizar los primeros pagos. Sin embargo, la Contraloría inició un proceso de responsabilidad fiscal, con bastante alharaca, encontrando que el siniestro acontecido se debía a la culpa grave de varios intervinientes en el proyecto de infraestructura. Sucede que el seguro excluía de su cobertura los actos con culpa grave de los funcionarios y, por lo tanto, bajo el presupuesto sentado por la Contraloría, no podía seguir pagando y podría repetir por lo indebidamente pagado.

Cuando EPM le avisó a la aseguradora sobre la ocurrencia del siniestro, esta realizó sus estudios sobre los hechos sucedidos, admitió su responsabilidad como ente asegurador y empezó a pagar sobre la base de que había ocurrido un accidente, cuya causa no pudo precisar, pero que excluía actos de culpa grave. Finalmente, a pesar de la decisión de la Contraloría, la aseguradora aceptó pagar el valor del seguro, cuando le bastaba alegar como exclusión lo que encontró el ente de control para justificar su no pago y esperar lo que arrojara el final de las actuaciones judiciales ante el Consejo de Estado que seguramente se darán con la decisión de la Contraloría.

Por supuesto que a la Contraloría le correspondía adelantar la investigación ante semejante hallazgo fiscal. Sin embargo, lo que se le critica es que no haya procedido con el rigor debido. Escandaloso, por decir lo menos, resulta que en dicha decisión se haya condenado a la aseguradora a pagar un seguro donde se excluía la culpa grave, cuando se dice en la misma decisión que 26 personas actuaron con culpa grave. Es una tremenda contradicción: si la culpa grave está excluida de la cobertura, ¿cómo puede desatenderse el contrato para obligar a la aseguradora al pago?

Aunque la salida de presionar a Mapfre para que pague un riesgo, al parecer no cubierto, soluciona un problema inmediato, en el largo plazo será difícil encontrar una aseguradora que quiera respaldar obras de infraestructura, cuando el Estado colombiano no respeta los contratos y las exclusiones que en ellos se estipulan. No respetar el orden jurídico y los contratos que se celebran, como al parecer lo ha hecho la Contraloría, es un factor que atenta gravemente contra la competitividad de la región. Son competitivos los países que respetan los contratos y el sistema jurídico, no los que los desatienden con finalidades políticas.

GALEÓN SAN JOSÉ, OTRA VEZ

Tras un juicioso estudio, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) concluyó que es imposible continuar con el negocio, una alianza público-privada (APP), que a mala hora se firmó en el año 2018, para sacar de las profundidades del lecho marino al galeón San José, hundido por la armada inglesa al frente de las Islas del Rosario en el año 1708 y que contiene, además de parte de la historia de nuestra nación, restos de sus tripulantes y el tesoro que se remitía a la corona española, recogido en el virreinato del Perú durante tres años; y repartir el hallazgo de monedas repetidas, como retribución por la extracción.

Por supuesto que la razón acompaña a la Andje. No es posible repartir el patrimonio cultural de todos los colombianos, que está sumergido, bajo el argumento de la repetición como pretende dicho acuerdo de asociación público-privada. El pecio debe conservarse en su integridad porque, a pesar de la explosión que provocó el hundimiento del galeón, los restos se conservan en muy buenas condiciones en el lecho marino y hacen parte de una unidad del hallazgo, que es mucho más que el oro y la plata que allí pueda encontrarse. Se trata de un todo, de un conjunto que componen los restos del galeón y su contenido.

El gobierno de entonces había contratado una APP con Maritime Archaeological Consultants (MAC), empresa que realizó la exploración inicial y se trasladó hasta el fondo marino para verificar que se tratara del galeón naufragado, con el apoyo de la Armada Nacional y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. La estructuración financiera de la APP contempla que los contratistas obtendrían parte de lo rescatado como retribución, siempre y cuando no fuese patrimonio cultural. Resulta que en el año 2020, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural determinó que todo el galeón y su contenido, en forma inescindible, es patrimonio cultural de la nación.

Así las cosas, desaparece la principal fuente de pago para el particular de la APP, lo cual torna absolutamente inviable la ejecución del contrato proyectado. Nadie va a invertir en semejante aventura para no poder obtener remuneración alguna. Además, destinar piezas del derrelicto para pagar por su extracción sería contrario a la Constitución y a la ley e, incluso, podría configurar algún delito. La única vía posible sería que el Estado contrate su recuperación, instalé el museo, con cargo a las arcas públicas, cuando sea fiscal y políticamente viable.

Pareciera que este es el epílogo de un nuevo capítulo que se escribe sobre la famosa embarcación, y todo indica que, al menos por el momento, el galeón San José continuará en la morada que ocupa desde hace 300 años, en el lecho del mar.

LA ÚLTIMA OPA

De todo este proceso de oferta pública de adquisición (OPA) que un importante grupo económico ha realizado por las acciones de las empresas emblemáticas antioqueñas Nutresa y Suramericana, hay algo que llama poderosamente la atención y es que todos coinciden en que en el precio de las acciones en sus últimas transacciones en bolsa -e incluso en el precio que se ofrece ahora en las OPA, hasta un 40 % mayor- no se refleja el valor justo de las acciones, es decir, se encuentran subvaloradas en el mercado público bursátil y su real valor es mucho más alto.

Quiere decir lo anterior que algo anda mal en nuestro mercado de capitales, donde no reflejan los precios justos que deben tener las acciones de las compañías más importantes de nuestro sistema económico. Como si fuera poco, hemos sido informados de las reducidas operaciones que se suceden en este importante mercado donde, se supone, interviene y entra en juego el ahorro del público colombiano.

Es necesario estimular el mercado de capitales en nuestro país; esto ya había pasado en los años 80, cuando fue indispensable que se trazaran políticas públicas tendientes a incrementar dicho mercado, a darle transparencia, a estimular el ahorro del público. Entraron a jugar nuevos agentes intermediarios, con más peso económico, con mayor portafolio de inversiones y de operaciones, y también los inversionistas institucionales, que hoy son protagonistas importantes en este campo. Todo indica la necesidad de revisar y reforzar las políticas públicas para que nuestro mercado de capitales sea confiable y transparente.