Al parecer, se ha normalizado que la actividad criminal dentro de la Unidad Nacional de Protección (UNP) coexista con su misión institucional, lo pactado en el Acuerdo de Paz con las Farc, y en otros acuerdos de diversa índole y carácter por venir. Esta coexistencia incluye también la protección debida a personas cuyas vidas están en riesgo y a diversas personalidades del panorama nacional, que han encontrado en la entidad una forma de ahorrarse la compra de una camioneta Toyota y de pagar el sueldo a un chofer-escolta-asistente.
El reciente principio de oportunidad entre la Fiscalía General de la Nación y el llamado narcochofer Manuel Antonio Castañeda revela el prontuario activo dentro de la UNP. Castañeda promete testificar sobre más de 20 funcionarios involucrados en actividades como narcotráfico, fuga de presos (como la de alias Matamba), alquiler de esquemas de protección, sobrecostos, y un delito que llama poderosamente la atención: la prestación de servicios logísticos para transportar en los carros blindados cualquier tipo de carga, desde un secuestrado hasta un kilo de cocaína o miles de millones en efectivo.
El narcochofer ha prometido entregar toda la información que posee sobre el exsubdirector de la entidad, Ronald Rodríguez Rozo, quien aparentemente tenía una sociedad con las disidencias y otras bandas en el Cauca para mover cocaína por todo el país en las camionetas de la UNP. Rodríguez Rozo quedó libre por vencimiento de términos a finales de julio de este año. Sin embargo, para los investigadores es claro que jugaba un papel trascendental en la operación, adquiriendo la droga en Caquetá, Huila y Valle del Cauca, desde donde la distribuían a traficantes ubicados en Bolívar, Antioquia, Meta y el Valle del Cauca.
Toda esta historia transcurre en paralelo con la protección a los firmantes del Acuerdo de Paz Santos-Farc, donde también se han detectado casos de reclutamiento de menores, transporte de armas y otras denuncias sobre un gran número de desmovilizados que fueron ‘legalizados’ para prestar servicio a sus antiguos jefes. Son hombres que nunca dejaron las armas, y menos aún, la complicidad con sus camaradas en la selva.
¿Qué debe suceder con la UNP? Es una gran pregunta que se hacen diversos expertos en el gobierno de Petro, donde, por cierto, la entidad ha servido para repartir esquemas de seguridad a amigos y a cualquiera de los participantes del gran proyecto de la ‘Paz Total’. Este proyecto abarca a elenos, autodefensas gaitanistas, narcos de La Oficina, y muchos otros elementos del entorno criminal colombiano.
No podemos, por supuesto, dejar de señalar que la UNP, además de dar protección a algunos y prestar servicios delincuenciales a otros, es, ante todo, un gran botín burocrático. Con más de dos mil empleados, cientos de contratos, y un presupuesto amplio y generoso que supera el billón de pesos (y que pronto superará los dos, muy seguramente antes del 7 de agosto de 2026), queda mucho por contar en esta fuente inagotable de noticias judiciales que pagamos todos y que, al parecer, seguiremos pagando por muchos años más.