La improvisación y la intromisión cada vez más fuerte del Canciller Leyva, tienen los procesos con el ELN y las disidencias de las Farc en cuidados intensivos y con pronóstico reservado.
Álvaro Leyva Durán siempre se ha preciado de ser el colombiano que más conocimiento tiene sobre los grupos guerrilleros del país, especialmente sobre las Farc. También ha dicho que ha sido maltratado por los gobiernos de los últimos 30 años, que en campañas a la presidencia lo han utilizado con fines políticos para buscar acercamientos con las Farc y después de ayudarlos han sido más que ingratos.
Pero también ha estado en el ojo del huracán por ese hilo que divide lo legal de lo ilegal. Un sector político considera a Leyva un alfil en los distintos procesos de paz. Otra parte, lo considera como el “canciller de los faruchos”.
Lo cierto, es que, en el Gobierno de Gustavo Petro, desde su campaña donde anunció buscar la paz con todos los actores al margen de la Ley, Álvaro Leyva se reencauchó. Este conservador de pura cepa, que a sus largos 80 años ya estaba más en los cuarteles de invernadero que en la política activa, se convirtió en la mano derecha de Petro en el tema de la paz.
Quienes estuvieron en el primer anillo de la campaña de Petro, cuentan que en varias oportunidades le pidió al candidato que lo convirtiera en su fórmula vicepresidencial. Pero al interior del partido fueron muchas las voces que dijeron no.
Hoy es el canciller. Pero en la sombra mueve los hilos de la ‘Paz Total’. Lo hace a sus anchas. Con agenda propia. Donde ha levantado el dedo para acusar una y otra vez al exfiscal Néstor Humberto Martínez de un entrampamiento contra Santrich. Para señalar a la JEP de no querer recibir a los paras.
Y en medio de esa improvisación, estaba el excomisonado de Paz, Danilo Rueda, que empezó mal y lo que empieza mal… Nunca ha podido dar explicaciones claras y de fondo sobre el Pacto de la Picota. Como tampoco el proceder de las disidencias de las Farc con una presencia activa y política en diferentes regiones del país.
Ahora ha llegado a manejar las riendas de la paz Otty Patiño, que además ha tenido muchos altibajos en las negociaciones con el ELN. La pregunta que flota en el aire es si esas riendas de control las manejará el canciller Leyva o Patiño hará respetar su dominio territorial, de un canciller quisquilloso y celoso en lo que tiene que ver con los diálogos con las FARC.
Sin norte
La ‘Paz Total’ se suponía era la receta política infalible del gobierno del presidente Gustavo Petro, para lograr traer tranquilidad a todo el territorio colombiano, y lograr por fin la solución a conflictos políticos y sociales mediados por grupos armados de toda índole.
La columna vertebral del proyecto de pacificación era la negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización que una vez sentada ha demostrado que no pretende dejar el conflicto, las armas y sus modos de financiación.
Aquí, su máximo cabecilla, Antonio García ha sido contundente: “somos una organización pobre como la mayoría de los colombianos”.
El tema pobreza intenta ser utilizado por la comandancia del ELN para justificar ante la opinión pública porque se financian de secuestros, una herramienta criminal popular entre las bandas desde los años 90.
El secuestro y posterior liberación de los padres del futbolista Luis Díaz fue utilizado por García para demostrar que sus ‘misiones económicas’ alejan a la organización del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Sin embargo, informes recientes de inteligencia de las Fuerzas Armadas demuestran todo el contrario. Se lucran de todo lo anterior y mandan cómodamente desde Venezuela, país donde se han convertido en una fuerza paramilitar al servicio de Nicolás Maduro y sus generales.
Incluso el Centro de Recursos Para el Análisis de Conflictos (CERAC), ha reportado que el ELN estaría detrás del secuestro de 23 personas entre el 4 de octubre y el 3 de noviembre.
Crímenes que causan repudio entre los colombianos y que obviamente hace que cualquier tipo de negociación de paz con los Elenos se vea más como un acto de complicidad e impunidad que como una solución definitiva para el conflicto, tal y como pasó con el proceso con las Farc del gobierno Santos, el cual por cierto insiste Petro y su círculo más cercano en criticar y en ocasiones hasta desconocer.
Ingenuidad y pocos resultados
Sin embargo, la deuda de Rueda con el país es muy grande empezando con la poca transparencia que rondó toda su gestión, arrancando con sus preliminares visitas durante la campaña presidencial a distintas cárceles para lograr apoyo con todo tipo de condenados.
Danilo Rueda demostró ingenuidad con todo lo ocurrido con el ELN, pero si una precisión y sagacidad en lo convenido con la ‘Oficina de Envigado’, entidad criminal que goza de múltiples beneficios a cambio de garantizarle el éxito de la llamada ‘Propuesta de paz para Medellín’ que revelamos aquí en Alternativa en nuestra edición de abril de este año en curso.
El pacto más reciente que comprobó la poca transparencia del exfuncionario fue el acuerdo que realizó con las disidencias de las Farc para dejar entrar a tropas del Ejército ad portas de las elecciones regionales en El Plateado, Cauca, para luego estas salir y no quedar presencia alguna de militares en una zona donde se concentra el 75 % de los cultivos de coca en un convulsionado departamento que parece haber quedado a la buena de Dios.
El diario El Espectador publicó apartes del documento avalado y firmado por Rueda para garantizarle al Estado Mayor Central de las Farc un despeje de facto. La Casa de Nariño nunca lo ha negado y aquí dicen es donde entra otro personaje que genera aún más desconfianza que la que producía el excomisonado Rueda, es el canciller Álvaro Leyva.
Leyva, el “canciller de la paz”
Álvaro Leyva Durán fue una de las sorpresas en el gabinete de Gustavo Petro. El octogenario exministro, exnegociador de paz y enlace durante décadas con las Farc llegó a la campaña del hoy mandatario luego del reencauche que le dio el gobierno del presidente Juan Manuel Santos durante los diálogos de La Habana. Allí fue pieza clave en múltiples beneficios para esta organización que hoy sigue vigente con las llamadas disidencias bajo el mando de ‘Iván Mordisco’, con el nombre de Estado Mayor Central.
Leyva se ha convertido además en un defensor de oficio permanente de la ‘Nueva Marquetalia’ de Iván Márquez, quien sigue sin aparecer, y un luchador incansable por limpiar el nombre de Jesús Santrich y el supuesto entrampamiento del cual habría sido víctima. Además, es un crítico de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que le pide modificaciones y donde ha logrado una victoria impensable para muchos: beneficios para los exjefes paramilitares. El caso Mancuso lo demuestra.
Ese sancocho nacional, como llamaba las cosas el entonces líder del M-19, Jaime Bateman, es en lo que se ha convertido la llamada ‘Paz Total’ del gobierno de Petro.
Sin rumbo, sin una verdadera cabeza que mueva los hilos de unas negociaciones tan complejas. Sin la consulta a expertos que en el pasado vivieron estos procesos. Y con un canciller, jugando sus propias cartas.
El freno de la Corte Constitucional
Como si el manejo de los funcionarios y externos encargados de los intríngulis y negociados de la ‘Paz Total’ no fuera suficiente para aumentar el caos, ahora la decisión de la Corte Constitucional de entrar a poner orden en el supuesto plan de pacificación, dejando algunas circunstancias claras de entrada: se declaró inconstitucional la excarcelación de personas condenadas y determinaron medidas para hablar con estructuras o clanes delincuenciales (principalmente bandas de narcotraficantes), donde se daba como ‘premio’ la suspensión de órdenes de captura.
La Corte no quiso entrometerse en los diálogos y concesiones dadas al Ejército de Liberación Nacional ELN, dado el matiz político de esta negociación que está más cercana de terminar que de avanzar, el más reciente paro armado en el Chocó y el aumento de los secuestros demuestra que son los elenos los que están mandando en un supuesto cese al fuego.
Para el Alto Tribunal es claro que ha habido un abuso con los propagandistas anuncios de libertad para los vándalos disfrazados de Primera Línea, así como darle libertad a cualquier encarcelado bajo la bendición de ‘gestor u vocero de paz’.
Pero lo que más preocupó a la Corte Constitucional son las negociaciones y beneficios a bandas criminales sin haber definido el controvertido Congreso un marco de sometimiento y un régimen especial para estos eventos.
El gobierno Petro no fue capaz de tramitar en la pasada legislatura la Ley de Sometimiento y prefirió dejar al canciller Leyva y el excomisionado Rueda haciendo y deshaciendo. Ahora, los congresistas ‘embelesados’ con la reforma a la Salud y sus prebendas burocráticas, tendrán que ponerle límites a los beneficios que conceda Gustavo Petro a toda la delincuencia en Colombia, que por cierto, ahora mismo vive un sueño que ni Pablo Escobar se pudo imaginar hace más de 30 años.