En un reciente discurso el presidente Gustavo Petro, al referirse a la idea de elegir mediante voto popular a los jueces de la República, manifestó: “no soy abogado pero estudié en el Externado, que es una forma de estudiar derecho”, como si esto se tratara, además de un argumento de autoridad, de una verdad de Perogrullo.
Lo que resulta curioso es que en menos de nada Petro se encargó de demostrar que, en primer lugar, esto no es correcto, pero si lo fuera, entonces al parecer capó clase, o se hizo la leva, como decimos los costeños (de verdad, verdad). Y es que resulta inimaginable que en una casa de estudios como el Externado siquiera un estudiante medianamente formado avale esta idea traída de su visita a México, en donde se aprobó una reforma al Poder Judicial que no solo ha valido para la crítica de muchos expertos sino de la misma CIDH, que aseguró que esto afecta la independencia judicial, el acceso a la justicia y el Estado de Derecho (ver en: https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2024/213.asp&utm_content=country-mex&utm_term=class-mon).
Pero por si la sola idea no resulta lo suficientemente absurda como para concluir que no se le nota ninguna formación jurídica, el mismo Petro, en su declarada guerra al Consejo Nacional Electoral por la investigación a su campaña, dejó cuatro perlas aún peores. En primer lugar, por esta decisión calificó a los como “politiqueros pagos” y “personajes nefastos”, mostrando un grotesco irrespeto por esta institución que existe, más allá de los distintos nombres que ha tenido, por lo menos desde 1888 (Gran Consejo Electoral).
Dando nombres en particular, al magistrado César Lorduy le recriminó “haber sido vinculado” por el homicidio de “su novia”, sin mencionar, claro está, que el hecho ocurrió hace 45 años, que la fallecida no era su novia, y que sobre el hoy magistrado se produjo en su favor un sobreseimiento definitivo, que es una figura de terminación anormal del proceso penal. Y según la ley vigente para la época (Ley 94 de 1938), éste se dictaba por no existir el hecho, por no constituir delito, por actuar en alguna causal de ausencia de responsabilidad o por estar claramente demostrada la inocencia del procesado, teniendo entonces como consecuencia el fin del proceso una vez estuviere ejecutoriado (artículos 437 y 438).
De Álvaro Hernán Prada, por su parte, reprochó que se encuentre siendo procesado actualmente por “comprar testigos para Uribe”, también sin mencionar que no se ha emitido ninguna decisión de fondo sobre la responsabilidad penal del magistrado, ni siquiera en primera instancia.
Pero lo peor quedó para el final: a la magistrada Maritza Martínez le reprochó estar casada con Luis Carlos Torres, exgobernador del Meta, a quien calificó de paramilitar condenado. Lo cierto es que el señor Torres jamás ha sido condenado por paramilitarismo y todas sus investigaciones se resolvieron en su favor. Pero incluso si lo dicho por Petro fuere cierto, la censura a la magistrada entraña un profundo machismo al invisibilizarla por acciones (falsas, además) de su pareja, como si ella se tratara de un apéndice sin personalidad ni valor.
La realidad es la siguiente: si algo de derecho hubiese aprendido en la casa por donde se han paseado, en pregrado y posgrados: Antonio José Cancino, Jaime Bernal Cuéllar, Alfonso Reyes Echandía, Carlos Arturo Gómez Pavajeau, Nódier Agudelo Betancur, y muchos otros, no desconocería la figura de la cosa juzgada, por la que nada habría que reprocharle a Lorduy. Tampoco condenaría anticipadamente a Prada, desconociendo los principios de presunción de inocencia y debido proceso. Y muchísimo menos censuraría y desvalorizaría a Martínez por su matrimonio, olvidando el dogma del derecho penal de acto y la responsabilidad penal individual, mostrando además su profundo machismo: machismo que no aprendió en la facultad de derecho que hoy tiene de decana a Emilsen González de Cancino y que en 1942 vio graduar a Rosa Rojas Castro como la primera mujer abogada de Colombia.
Por esto y mucho más: A PETRO NO SE LE NOTA EL EXTERNADO.