Los comicios regionales y locales marcan el retorno de los principales opositores a este tipo de procesos.
EUROPA PRESS
Más de 21 millones de venezolanos están llamados este domingo a las urnas, en unas elecciones regionales y municipales que ponen fin al boicot generalizado de la oposición y que contarán de nuevo con observación de la Unión Europea. Las dudas de estos últimos, sin embargo, persisten, ya que tan solo el chavismo cree que habrá garantías suficientes de transparencia.
En términos estrictamente administrativos, está en juego el control de los gobiernos de 23 estados y de 335 municipios, con cargos a los que aspiran más de 70.000 candidatos. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha habilitado más de 14.200 centros de votación con más de 30.100 mesas y, tras ensayar el proceso, da por seguro que no habrá contratiempos técnicos.
En el ámbito político, los comicios están llamados a ser un primer atisbo de una nueva estrategia, en la medida en que los grupos que representan a la oposición mayoritaria, englobados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) han aceptado participar de nuevo. A pesar de que mantienen que no hay garantías, ven más ventajas en tomar parte que en permanecer al margen, como llevan haciendo desde las presidenciales de 2018.
Triunfa así la tesis que venían manteniendo dirigentes como el excandidato presidencial Henrique Capriles, que ya había abogado por cambiar de ‘modus operandi’ para no depender únicamente de la presión internacional contra Maduro, que no termina de traducirse en avances en favor de la democracia o los Derechos Humanos.
La inclusión de dos miembros afines a la oposición en el CNE figura entre los detonantes de este retorno opositor a un proceso electoral, si bien Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y autoproclamado desde enero de 2019 como mandatario legítimo del país, ha rehusado posicionarse públicamente en favor de la inscripción de candidatos.
Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, aspira a dar una «lección de democracia» al mundo, en la misma medida que defendió anteriores convocatorias como las presidenciales de 2018 o las parlamentarias de diciembre de 2020, la última gran cita con las urnas en el país sudamericano. El chavismo arrasó entonces ante la ausencia de rivales relevantes.
Maduro ha insistido esta semana en que la organización de las elecciones es «impecable» y ha cargado contra quienes supuestamente intentan obstaculizar el proceso, con la vista puesta especialmente en Estados Unidos. «Da vergüenza cómo pretenden descalificar las elecciones que se vienen preparando con esmero, con el mejor sistema del mundo para votar», declaró ante las criticas recurrentes que llegan desde Washington.
La última semana ha estado marcada, además, por la desarticulación de un supuesto plan para sabotear las elecciones. El Gobierno ha citado como ‘cerebro’ de este entramado a William Ricardo Sánchez Ramos, alias ‘Antorcha’, residente en España y al que Maduro ha vinculado con los dirigentes opositores Leopoldo López e Iván Simonovis.
La oposición no da veracidad alguna a estas sospechas y, entretanto, aspira a relanzar una presión internacional desdibujada desde que numerosos países, entre ellos España, reconociesen en 2019 a Guaidó como presidente legítimo. Confía en que la investigación formal abierta por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por presuntos abusos contra manifestantes pueda marcar un punto de inflexión en la rendición de cuentas del chavismo.
DIÁLOGO ESTANCADO
Otro punto de inflexión podría haber sido el proceso de diálogo que arrancó a mediados de agosto en México entre el chavismo y la Plataforma Unitaria de Venezuela, que aglutina a la oposición. Un primer acuerdo sobre los temas a tratar y varias rondas de contactos saltaron por los aires en apenas dos meses; de nuevo, como en ocasiones anteriores, con reproches cruzados entre las partes.
Maduro decidió retirar a su grupo de la mesa de negociación por la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, señalado como su supuesto testaferro y detenido en Cabo Verde. El jefe de la delegación chavista, Jorge Rodríguez, anunció que no acudirían a la próxima cita en México y esta negativa se prolonga a día de hoy.
EL OJO INTERNACIONAL
Entre las principales novedades de estos comicios está también la presencia de una misión de observación de la UE. El bloque europeo, que mantiene en su lista de sanciones a varios dirigentes chavistas, accedió a enviar a más de un centenar de observadores, en un hito inédito desde 2006.
Sin embargo, tanto el Gobierno venezolano como el CNE se han esforzado por dejar claro que no será la misión europea la que determine si los resultados son legítimos o no, especialmente después de que el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, así lo sugiriese en unas declaraciones públicas reprendidas desde Caracas.
El ministro de Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, ha afeado esta semana a la UE la prórroga por un año más de las sanciones contra dirigentes chavistas –la lista negra incluye más de 50 nombres–. Según Plasencia, la UE procedió a la renovación «desde las sombras», ya que el bloque no informó por los canales públicos habituales de una novedad que, a juicio de Caracas, no hace sino «torpedear» la «fiesta democrática».
A Venezuela también se han desplazado expertos de la ONU que quieren «dar seguimiento» al proceso y elaborar un informe interno que será remitido al secretario general de la organización, António Guterres. Naciones Unidas ya ha aclarado que tampoco se pronunciará sobre la legitimidad de las elecciones regionales y municipales.
Quien por ahora no ha dado muestras de varias un ápice su posición es Estados Unidos, que mantiene con Joe Biden el apoyo férreo que ya le venía dando a Guaidó con Donald Trump en la Casa Blanca. Para Washington, una Venezuela «pacífica, estable y democrática» pasa por la salida de Maduro del poder y una transición que permita organizar elecciones «libres».
Una «derrotada estrategia injerencista», en palabras de líderes chavistas como Plasencia. No en vano, el chavismo aspira a un diálogo «entre iguales» con Estados Unidos, una hipótesis que la Administración norteamericana siempre ha descartado, con Trump y con Biden, en una política bipartidista que celebran líderes opositores como Guaidó.
España, por su parte, está a la espera de lo que diga la UE, en concreto de conocer lo el informe que pueda elaborar su misión de observación. «Luego, con total honestidad, hablaremos», declaró el viernes en el Congreso de los diputados el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, que defendió la actual política hacia Venezuela: «Ningún Gobierno ha hecho tanto».