El Parlamento venezolano aprobó una ley que contempla penas de cárcel y sanciones económicas para quienes respalden sanciones internacionales contra el país. La normativa también establece inhabilitaciones políticas de hasta 60 años para dirigentes involucrados en este tipo de acciones, según lo decidido por la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo.
El texto legal dispone que cualquier persona que "promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde o participe en la adopción de medidas coercitivas" enfrentará penas de entre 25 y 30 años de prisión. También se establecen multas que superan el millón de dólares para quienes incurran en estas conductas, de acuerdo con la normativa.
Además, la ley sanciona con penas similares a quienes financien o participen en acciones armadas o de fuerza contra Venezuela. Esta legislación fue aprobada en respuesta a un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos que busca endurecer las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro y prohíbe la firma de contratos con personas o entidades vinculadas al régimen.
El proyecto estadounidense, conocido como "BOLIVAR Act" por sus siglas en inglés, aún está en discusión en el Senado y requiere la aprobación presidencial para convertirse en ley. Este texto refuerza las sanciones financieras que Washington mantiene sobre Caracas y limita la capacidad de operación de figuras cercanas al gobierno venezolano.
Estados Unidos ha considerado ilegítimo al gobierno de Maduro desde su proclamación como presidente para el período 2025-2031, alegando denuncias de fraude en su reelección. Las sanciones internacionales impuestas hasta la fecha forman parte de los esfuerzos de Washington por generar presión política sobre el mandatario venezolano.