Como reza el titular de este análisis no hay por ahora salvavidas a la vista en el naufragio político, económico y social que 30 millones de peruanos quisieran poder evitar, en el mar adentro de la anarquía y bajo un horizonte dictatorial que añade al sistema una nueva maquinaria de corrupción a la ya histórica conocida.
Era sin duda previsible que un país como el Perú, de larga sostenibilidad democrática y económica, llegara de pronto a una situación de desastre e incertidumbre como la actual, a causa de la elección como presidente de quien representaba y representa hasta hoy, las antípodas del mínimo respeto a la democracia, a las libertades, a la legalidad, a la separación de poderes y a un modelo económico que nutre, irónica e increíblemente, las planillas doradas y las concesiones presupuestales mal habidas del régimen vigente.
El presidente Pedro Castillo Terrones se ha hecho del cargo, igualmente de manera insólita, desconociéndolo todo, absolutamente todo.
Desconoce la Constitución y pretende violentarla impunemente, reemplazándola por otra a la medida de sus objetivos políticos totalitarios. Desconoce la prerrogativa del Congreso en materia de cambios y reformas constitucionales, al tiempo que tiende sobre él la amenaza de disolverlo sino se subordina a sus presiones. Desconoce al Ministerio Público, al Poder Judicial, a la Procuraduría General de la República, a la Defensoría del Pueblo y al Tribunal Constitucional, en tanto y en cuanto es totalmente indiferente a sus resoluciones, invocaciones, citaciones y reflexiones.
Desconoce, en esencia, la separación de poderes como fundamento de un sistema democrático de gobierno. Desconoce la naturaleza de la propia institución de la Presidencia de la República, a la que sencillamente no entiende ni respeta. Desconoce a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, de las que quisiera hacer milicias populares al servicio de sus ambiciones autoritarias. Desconoce la administración pública, de la A a la Z, al punto de pretender convertirla en el reino de la ineptitud y la insensatez, dinamitando todas las reservas de meritocracia y eficiencia del Estado en sus fines de servicio público.
Como si esto fuera poco, se declara a sí mismo incompetente para ejercer las funciones presidenciales. Reconoce en ese sentido no estar preparado para gobernar. Y sin embargo, desde este nivel de autodescalificación, se niega a dar un paso al costado, cerrándole toda posibilidad al sistema democrático de encontrar una salida legal y constitucional al vacío de poder que vive el país, el mayor de su historia.
No satisfecho con haber convertido en un lastre sus más altas prerrogativas como gobernante, como jefe de Estado, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y Policiales y como encarnación de la nación, en un nivel casi monárquico pocas veces visto en los sistemas políticos democráticos del mundo, Castillo se ha dado el lujo, a falta de un real contrapeso de poderes y de un real control político, de instalar dos maquinarias altamente destructivas al interior de su gobierno: la de una estructural incompetencia en los ámbitos ministeriales, subministeriales y de dirección general del Estado y la de una estructural corrupción, que va desde el reparto dispendioso de masivo empleo clientelista e improductivo, hasta las improvisadas concesiones millonarias de obras que lo involucran personalmente, junto a familiares cercanos y a hombres de su entera confianza, como su exsecretario general, Bruno Pacheco, que se hiciera popular por encontrársele 20 mil dólares en el baño de su despacho en el Palacio de Gobierno.
Nadie podría entender, por supuesto, qué podría hacer Castillo Terrores para que el Perú, un país rico, no tuviera más pobres, como solía prometerlo en campaña electoral, si lo primero que suele promover y tolerar de la mañana a la noche de cada día es la incompetencia de cada ministro o viceministro o director general que nombra, que a su vez son responsables políticos, en cada uno de sus sectores, de las decisiones y los actos del presidente de la República.
Mientras la economía, con el alza de precios, la inflación ascendente y la gradual ruptura del equilibrio fiscal, toma la vía hacia el más peligroso de los desfiladeros, el Gobierno busca, como salida a su sobrevivencia de tiempo indefinido, desestabilizar y sabotear el aparato productivo minero, industrial y de servicios y de paso, paralelamente, promover el tumulto social, para disponer en algún momento de las condiciones propicias para imponer aquello por lo que tanto brega irracionalmente: una asamblea constituyente y una nueva Constitución.
El cumplimiento de este objetivo permitiría la instalación de un régimen marxista leninista, quizás ya no con Castillo Terrones a la cabeza, sino con su mentor y líder del partido de gobierno Perú Libre, Vladimir Cerrón, cuyos procesos por corrupción y por vínculos con la organización terrorista de Sendero Luminoso, la Fiscalía pasa por agua tibia y el Poder Judicial contempla con estoicismo.
Cerrón, de quien Castillo Terrones dijera en campaña electoral, que no sería ni portero del Palacio de Gobierno, es en verdad, quien ejerce el gobierno real desde el primer día y quien lleva la batuta de su partido y del régimen de Castillo a una clara confrontación con el Congreso, para finalmente disolverlo, como lo hizo el expresidente Martín Vizcarra, usando simplemente la fuerza y la prepotencia al amparo de artimañas legales que luego ningún otro poder del Estado, ni el Judicial, ni el Constitucional, podría cuestionar ni por último revertir.
El Perú ha pasado en muy poco tiempo, del estado de shock por la elección de un presidente clarísimamente inepto que solo podría conducirlo al caos, como se comprueba ahora, a un estado de atrapado sin salida, y finalmente a un estado más dramático: el de un inminente naufragio sin salvavidas, que solo podría evitarlo, milagrosamente, un Congreso revitalizado y cohesionado en sus rigurosos fueros legales y constitucionales.