Las Fuerzas Armadas y la Policía de Ecuador han decomisado más de 1.500 armas de fuego y más de 8.300 explosivos en operaciones conjuntas, desde que el pasado 9 de enero el Gobierno declarara un estado de excepción y "conflicto armado interno" para frenar la espiral de violencia atribuida al crimen organizado en el país.
El Eje de Seguridad, integrado por mandos militares, policiales y de Gobierno, indicó en su último informe diario que en total se han decomisado 1.543 armas de fuego y 8.364 explosivos, así como 84.164 balas, 996 alimentadoras (cargadores de balas) y 1.975 armas blancas.
El Eje de Seguridad fue constituido por el Gobierno en el marco del llamado 'Plan Fénix' y ampara el "estado de excepción" de sesenta días que concluirá a principios de marzo.
Hasta ahora, dicho plan ha ejecutado 57.803 operaciones en todo el país, 92 de ellas contra bandas criminales denominadas ahora por las autoridades como grupos terroristas, y en total ha detenido a 4.680 personas, 237 del ellas bajo cargos de terrorismo.
En esas operaciones, ejecutadas tanto en las cárceles como en las calles del país, han fallecido dos agentes de la Policía y no se han registrado bajas en las filas castrenses.
Los agentes también han recuperado 872 vehículos, 585 motocicletas y 28 embarcaciones; además de 92.026 dólares, 40,2 toneladas de drogas y 30.356 galones de combustible (unos 114.903 litros).
También han logrado recapturar a 34 reos de los cerca de 90 que se fugaron de las cárceles donde, a comienzos de año, ocurrieron varios motines de reclusos.
Al declarar el "conflicto armado interno", el Gobierno del presidente Daniel Noboa identificó a al menos 22 grupos del crimen organizado transnacional y los ubicó "como organizaciones terroristas" y "actores no estatales beligerantes".
Según expertos, ubicar a estos grupos como beligerantes abrió una puerta legal para que las Fuerzas Armadas junto con la Policía actúen con todos sus recursos para neutralizarlos.
La espiral de violencia en Ecuador se desató cuando aparentemente el presidente de Ecuador, se disponía a poner en marcha su 'Plan Fénix'.
En principio, esa estrategia buscaba recuperar el control de las prisiones, muchas de ellas dominadas internamente por grupos de delincuentes, cuyas rivalidades dejaron más de 450 presos asesinados desde 2020 en una serie de masacres carcelarias.
Esta extrema violencia también se trasladó el año pasado a las calles, hasta convertir a Ecuador en uno de los países más violentos, con 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en 2023.