La Justicia investiga el incremento patrimonial de 1,5 millones de euros en dos años de quien fuera asesor del exministro socialista español José Luis Ábalos, Koldo García, imputado en una presunta red de cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia de la covid 19.
La investigación se centra entre los años 2020 y 2022, período en el que García adquirió bienes que podrían alcanzar la cifra de 1,5 millones de euros, uno de ellos en la turística localidad de Benidorm, por 115.000 euros, a nombre de su hija menor y pagado sin hipoteca.
Estas adquisiciones habrían tenido lugar "apenas cinco meses más tarde" de que se produjesen adjudicaciones públicas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, investigadas en la causa que instruye la Audiencia Nacional española sobre una presunta trama de cobro de comisiones en contratos de compra de mascarillas en la pandemia, que habría perjudicado a varias administraciones.
Los investigadores sitúan a Koldo García, cargo público del Ministerio español de Transportes entre 2018 y 2021, como "la persona" que facilita a dicha empresa "información sobre los procesos de adjudicación de material sanitario".
Por esta causa, García y 22 investigados más, entre ellos su hermano y su mujer, se encuentran en libertad con la prohibición de salir de España, entre otras medidas cautelares.
La Fiscalía Anticorrupción también pone bajo sospecha "el aumento de ingresos en efectivo en general" del exasesor de Ábalos y su mujer, y "llama la atención que disminuyan las disposiciones de dinero en efectivo, lo que denota la posible existencia de otra fuente financiera de origen desconocido".
Observa asimismo un "incremento sustancial de sus aportaciones a hipotecas y préstamos a partir de diciembre de 2020", ligadas a la adquisición de tres inmuebles en Benidorm.
La Fiscalía ve este incremento en su patrimonio como "un dato sumamente relevante y revelador del papel" de García en la adjudicación en contratos de compra de mascarillas, y el juez instructor, por su parte, destaca que éste tendría el control del dinero y bienes de su entorno ya que "habría hecho uso de terceros para ocultar el incremento patrimonial injustificado".
El magistrado alude a diversas conversaciones entre los imputados que reflejarían que García y su mujer intentaron "reestructurar" su patrimonio, y a la existencia de una caja fuerte a la que tendría acceso esta última.
También su hermano Joseba, vinculado a organismos dependientes del Ministerio español de Transportes desde 2019, habría experimentado un aumento significativo en sus cuentas y habría recibido fondos que ascenderían a 267.774 euros entre 2020 y 2022.
Ambos hermanos, según el auto judicial, al que tuvo acceso EFE, comenzaron a tomar medidas cuando supieron que podían estar siendo investigados.
El juez investiga en esta causa delitos de organización criminal, blanqueo o cohecho, entre otros, que se habrían cometido presuntamente en el marco de adjudicaciones irregulares en 13 contratos de emergencia relacionados con la covid-19, formalizados por la Administración.