El gobierno del presidente Javier Milei formalizó una denuncia contra el exembajador de Argentina en Venezuela, Oscar Laborde, por presunto delito de traición a la patria. La acusación surgió en el contexto de las gestiones realizadas ante el régimen de Nicolás Maduro por Laborde para intervenir en el caso de Nahuel Gallo, un gendarme argentino detenido en Venezuela, cuyo paradero aún no ha sido esclarecido.
La denuncia fue presentada por el Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Patricia Bullrich. En el escrito, se acusa a Laborde de actuar "en contra de los intereses del país" y de intentar "perjudicar el rol de gobierno argentino en la protección del Gendarme cuya desaparición forzada se reclama". El gobierno sostiene que el exembajador intentó influir en la situación política de manera inapropiada.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Seguridad señaló que Laborde "se arrogó facultades diplomáticas" que solo corresponden a la Cancillería Argentina. Además, se argumentó que su intervención en el caso podría haber comprometido la postura oficial de Argentina ante el régimen de Nicolás Maduro, al presentar una versión que favorecía al gobierno venezolano.
Patricia Bullrich, en declaraciones a un medio de comunicación, calificó las declaraciones de Laborde de "vergonzosas" y lo acusó de intentar justificar la situación del gendarme detenido. La ministra agregó que "hay argentinos que se han quedado allá, que son personeros del régimen", aludiendo al exembajador, quien fue designado durante el mandato de Alberto Fernández.
En el marco de la denuncia, también se cuestionó el hecho de que Laborde, sin autorización oficial, se comunicó con la familia del gendarme detenido. La denuncia detalla que Laborde intentó entregar una carta a Gallo, con la colaboración del gobierno venezolano, a pesar de que no había sido autorizado para realizar gestiones diplomáticas en nombre del Estado argentino.
El Ministerio de Seguridad subrayó que las acciones de Laborde no tuvieron un carácter "humanitario", como él lo había presentado en los medios. En cambio, se afirmó que su intervención fue un intento de "superponerse indebidamente a la gestión diplomática internacional de la República Argentina", afectando así los esfuerzos oficiales por resolver el caso.