La Fiscalía de la Nación de Perú, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha formalizado una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra y seis exfuncionarios de su gobierno. Los cargos incluyen delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en las modalidades de homicidio calificado y lesiones graves y leves, todos a título de comisión por omisión con dolo eventual en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos.
Los hechos imputados se relacionan con las protestas sociales ocurridas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023 en nueve regiones del país: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad. Durante este período, se registraron 44 personas fallecidas, de las cuales 41 murieron por acción de proyectil de arma de fuego y 3 por golpes con objeto contundente. Además, 116 personas sufrieron lesiones graves y leves, con 78 casos ocasionados por proyectil de arma de fuego.
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La Fiscalía también informó que ha expedido una disposición fiscal de archivo por el delito de genocidio imputado a los investigados. Paralelamente, existen 303 carpetas fiscales en los distritos fiscales de las regiones mencionadas, en las que se investiga a 824 personas por presuntos delitos relacionados con las protestas, incluyendo entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, atentado contra los medios de transporte público, violencia contra la autoridad, disturbios, daños a la propiedad pública y privada, homicidio y lesiones.
Entre los denunciados, además de la presidenta Boluarte, se encuentran Pedro Miguel Angulo Aranda y Luis Alberto Otárola Peñaranda, en su condición de expresidentes del Consejo de Ministros; Luis Alberto Otárola Peñaranda y Jorge Luis Chávez Cresta, como exministros de Defensa; y César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, en su condición de exministros del Interior.