Estados Unidos aumentó la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro a 25 millones de dólares. Este anuncio se realizó simultáneamente con la juramentación de Maduro, un acto considerado ilegítimo por diversas naciones.
Las nuevas medidas también incluyen un incremento en la recompensa por Diosdado Cabello, líder chavista y ministro de Interior, que ahora alcanza la misma suma de 25 millones de dólares. Ambas figuras son señaladas por Estados Unidos como responsables de actividades delictivas y de socavar la democracia en Venezuela.
Además, Estados Unidos anunció restricciones de visa para cerca de 2,000 ciudadanos venezolanos, considerados colaboradores del régimen. Esta medida se suma a las sanciones financieras y busca aislar aún más al gobierno de Maduro en el plano internacional.
En paralelo a estas recompensas, se impusieron nuevas sanciones coordinadas con la Unión Europea, Reino Unido y Canadá. Estas sanciones afectan a diversas figuras del régimen, incluyendo al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, cuya captura también tiene un precio de 15 millones de dólares.
La cantidad ofrecida por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello es igual a la misma que se dispuso para información y captura por el líder terrorista Osama Bin Laden.
La Unión Europea anunció nuevas sanciones contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, añadiendo a quince personas a su lista de medidas restrictivas. Este movimiento se produce en medio de la persistente crisis política y de derechos humanos en Venezuela.
Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de la Sala Electoral, fue sancionada por su papel en declarar incontestable la victoria presidencial de Maduro en 2024 y por interferir en elecciones primarias opositoras. Su implicación en estas decisiones ha sido objeto de críticas internacionales.
Fanny Beatriz Márquez Cordero, vicepresidenta del TSJ y de la Sala Electoral, también fue sancionada. Se le acusa de participar en la certificación de resultados electorales que carecieron de transparencia, afectando la legitimidad del proceso electoral.
El magistrado de la Sala Constitucional del TSJ, Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, fue incluido en la lista por apoyar la certificación de resultados irregulares, lo que contribuyó a la percepción de falta de imparcialidad en el sistema judicial venezolano.
Malaquías Gil Rodríguez, presidente de la Sala Político-Administrativa del TSJ, fue sancionado por su decisión de excluir a María Corina Machado como candidata presidencial, lo que limitó las opciones democráticas en las elecciones.
Antonio José Meneses Rodríguez, secretario general del Consejo Nacional Electoral (CNE), enfrenta sanciones debido a los retrasos en procesos electorales y por bloquear denuncias de irregularidades. Su gestión ha sido señalada como un obstáculo para la transparencia electoral.
Carlos Enrique Quintero Cuevas, vicepresidente del CNE, fue sancionado por obstaculizar un proceso electoral transparente. Su papel en las decisiones del CNE ha sido criticado por organismos internacionales y locales.
Conrado Ramón Pérez Briceño, rector principal del CNE, también figura entre los sancionados. Se le acusa de participar en decisiones que afectaron la transparencia electoral, generando dudas sobre la equidad del proceso.
Rosalba Gil Pacheco, rectora principal del CNE y presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral, fue sancionada por intervenir en decisiones que impidieron resultados electorales exactos, afectando la confianza en el sistema electoral.
Luis Ernesto Dueñez Reyes, fiscal auxiliar del Ministerio Público, está en la lista de sancionados por participar en la persecución judicial de Edmundo González Urrutia, candidato opositor, en lo que se considera un uso político del sistema judicial.
Edward Miguel Briceño Cisneros, juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia, emitió una orden de detención contra Edmundo González Urrutia por motivos políticos, según las sanciones de la UE, lo que representa una violación de derechos humanos.
Alexis José Rodríguez Cabello, director del SEBIN, fue sancionado por su implicación en violaciones graves de derechos humanos y la represión de opositores. Su gestión ha sido marcada por denuncias de abusos y torturas.
Miguel Antonio Muñoz Palacios, director adjunto del SEBIN, supervisó detenciones arbitrarias y torturas en el centro de detención conocido como “El Helicoide”. Estas acciones han sido condenadas por organizaciones de derechos humanos.
Elio Ramón Estrada Paredes, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), fue sancionado por su responsabilidad en violaciones de derechos humanos tras las elecciones de 2024, especialmente en la represión de manifestaciones pacíficas.
Asdrúbal José Brito Hernández, director del Departamento de Investigaciones Penales (DEIPC) de la DGCIM, está en la lista por su vinculación con torturas y represión contra opositores. Estas acusaciones han sido respaldadas por informes de ONG internacionales.
Domingo Antonio Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), fue sancionado por su papel en la represión de protestas pacíficas y violaciones de derechos humanos. Su liderazgo en estas acciones ha sido motivo de preocupación para la comunidad internacional.