El Consejo de Ministros aprobó esta iniciativa como parte de un paquete de prevención de riesgos frente a la emergencia climática. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, explicó en RTVE que, ante una alerta emitida por autoridades locales, regionales o nacionales, el trabajador deberá abstenerse de acudir a su lugar de empleo. Sin embargo, no se especificaron los niveles de alerta que activarán el mecanismo.
Críticas surgieron contra algunas empresas que solicitaron la presencia de sus empleados durante las inundaciones de octubre, pese a la alerta roja de la Agencia Meteorológica Estatal (Aemet). Por su parte, las empresas acusaron a las autoridades de no proporcionar información oportuna ni alertar a los ciudadanos a través de sus dispositivos móviles en tiempo adecuado.
La nueva normativa contempla que, tras los cuatro días de permiso remunerado, las empresas podrán aplicar la jornada reducida en casos de fuerza mayor si la situación lo requiere. El Gobierno destacó que esta herramienta busca garantizar la seguridad de los trabajadores durante emergencias climáticas.
En el mismo Consejo de Ministros, el Gobierno aprobó un paquete de ayudas de 2.300 millones de euros para los damnificados por las inundaciones. Según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, los costes derivados de desastres climáticos podrían duplicarse hacia 2050, lo que hace urgente avanzar en medidas de adaptación y resiliencia.