Los arrestos se produjeron dentro de una operación de la Policía Federal en la que se realizaron una veintena de registros y el embargo de bienes en las ciudades de Santarém, Itaituba, Altamira, en el estado de Pará; además de en Río de Janeiro y Goiânia.
La institución señaló en una nota que hay "fuertes indicios" de que el oro contrabandeado proviene de yacimientos mineros ilegales situados en el interior y los alrededores de la Tierra Indígena Munduruku, en Pará.
Según la investigación, los funcionarios arrestados recibieron "durante meses" sobornos de la trama con la intención de que "facilitaran y no persiguieran" los delitos ambientales que cometían en la citada reserva indígena.
También, se sospecha que trabajaron en la logística y la seguridad del oro extraído de forma ilegal, incluso en horario laboral y haciendo uso del vehículo institucional.
Uno de los funcionarios recibía por ello 4.000 reales (670 dólares) al mes, según las indagaciones de la Policía.
Por otro lado, uno de los empresarios detenidos ya había sido condenado por narcotráfico en tres ocasiones, además de por "tentativa de homicidio y uso de documento falso".
Todos los investigados serán denunciados ante la Justicia por "lavado de dinero, usurpación de bienes del Estado y organización criminal".
La Tierra Indígena Munduruku, que ocupa un área de 2,4 millones de hectáreas y da cobijo a más de 9.000 indígenas, es una de las reservas brasileñas más devastadas por el crimen organizado.
Este mes, el Gobierno brasileño, en colaboración con las agencias ambientales y los distintos cuerpos de seguridad del Estado, lanzó una gran operación para expulsar a los mineros clandestinos que actúan en esa región.