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Consulta popular y un referéndum para el 21 de abril en Ecuador

El calendario ha sido aprobado este miércoles e incluye una fase de inscripción entre el 28 de febrero y el 4 de marzo para organizaciones políticas y sociales.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, visita la sede de la cadena TC Televisión. Europa Press.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador ha fijado para el próximo 21 de abril una consulta popular y un referéndum con once preguntas en materia de seguridad, trabajo, inversión y funcionamiento del Estado, así como sobre la Constitución.

El calendario ha sido aprobado este miércoles e incluye una fase de inscripción entre el 28 de febrero y el 4 de marzo para organizaciones políticas y sociales de cara a la campaña electoral, que arrancará el 7 de marzo y finalizará el 18 de abril.

Está previsto que los resultados oficiales sean publicados el 5 de junio. El padrón tiene registrados a más de 13,6 millones de ecuatorianos, si bien el CNE lo cerrará el 22 de febrero, según ha recogido el diario 'El Universo'.

En concreto, entre las cuestiones que tendrán que responder los ciudadanos se encuentra una reforma al artículo 158 de la Constitución sobre si las Fuerzas Armadas pueden apoyar el trabajo de la Policía en su lucha contra el crimen organizado. Esta iniciativa fue impulsada por el expresidente Guillermo Lasso.

Otras cuatro preguntas serán consultadas a la población a través de un referéndum, todas ellas propuestas por Noboa, sobre la extradición de ecuatorianos, el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, el arbitraje internacional y los contratos de trabajo.

Entre las seis preguntas que serán respondidas a través de consulta popular se encuentra un posible incremento de las penas por delitos de terrorismo, trata de personas o tráfico de drogas, entre otros, así como la tipificación del uso de armas, municiones o componentes de "uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional".

Asimismo, otra de las preguntas es sobre el cumplimiento de las penas en centros de rehabilitación social, mientras que una de ellas alude a si el Estado puede ser titular "de los bienes de origen ilícito o injustificado".

Las diez preguntas fueron aprobadas por el Tribunal Constitucional ecuatoriano a finales de enero. El Gobierno remitió en un principio un total de 20 preguntas, si bien retiró una propuesta sobre los casinos, quedando en 19. Del total, diez fueron aprobadas, cuatro de ellas con enmienda.

EuropaPress

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