Por: Guillermo “Willy” Covernton
Doctor en Economía y magíster en Economía y Administración de ESEADE. Actualmente, es profesor titular de Finanzas Públicas, Economía Argentina y Emprendimiento de Negocios en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA). Especial para Revista Alternativa
Los ojos del mundo están puestos hoy en Argentina. Muy por encima de cuando el seleccionado nacional ha ganado alguna Copa Mundial de Fútbol, o incluso por encima de cuando algún obispo local fuera elegido Papa. La opinión pública mundial quiere saber cómo sigue este “experimento de Autogobierno”, como llamaron los padres fundadores de la revolución americana a su transformación de una colonia a una república democrática, liberal y bajo el orden de una Constitución.
“La opinión pública mundial quiere saber cómo sigue este ‘experimento de Autogobierno’, como llamaron los padres fundadores de la revolución americana a su transformación de una colonia a una república democrática, liberal y bajo el orden de una Constitución”
Porque esto es en esencia el mandato popular que ha recibido Javier Milei, y bajo el cual ha sido ungido presidente. Su electorado ha votado por el fin de un ciclo signado por 94 años de atropello continuado a la Constitución Nacional. De destrato, extorsión y búsqueda de destitución de los jueces naturales, de la misma Suprema Corte de Justicia y de manipulación en la designación de los jueces. De la utilización del poder legislativo como un apéndice del poder ejecutivo, al solo efecto de que sirviera como una escribanía que suscribía sin leer ni analizar, todo proyecto normativo que se le presentase. Y decimos proyectos de normas, porque no pueden llamarse leyes a este paquete de decisiones de Gobierno que han avasallado sistemáticamente las autonomías provinciales de un país cuyo orden constitucional lo diseña como una Confederación de Estados Asociados en un régimen federal común.
“Durante toda la campaña electoral, el ahora presidente Milei se presentaba como un candidato antisistema que quería terminar con la manipulación de la economía, con el déficit fiscal crónico y ya disparado a niveles nunca vistos”
Durante toda la campaña electoral, el ahora presidente Milei se presentaba como un candidato antisistema que quería terminar con la manipulación de la economía, con el déficit fiscal crónico y ya disparado a niveles nunca vistos, y con la emisión espuria de papeles que ya no podían ni siquiera ser utilizados como moneda pero que intentaban estafar a los usuarios para financiar un desequilibrio del gasto sin precedentes: la intervención en prácticamente todos los órdenes económicos mediante la manipulación del tipo de cambio y la aplicación de impuestos a las exportaciones que no existen en ningún país democrático y respetuoso de la propiedad privada en todo el mundo.
Por eso, uno de los primeros actos de Gobierno fue la presentación del famoso DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) de desregulación de la economía (Decreto 70/2023: DNU-2023-70-APN-PTE, 2023).
En el mismo se pretenden reformar y derogar un número altísimo de regulaciones y reglamentaciones sin propósito que mantienen maniatada a la economía argentina, impidiéndole producir, generar ahorro, invertir, crecer, y emprender un camino de desarrollo y prosperidad. Muchas de esas normas derivan de Gobiernos militares y de facto, y no solo nunca fueron sujetas a su discusión previa a su adopción, sino que luego fueron muchas veces aprobadas en bloque y sin ningún tipo de debate.
¿Cuál es el grado de validez de una norma de este tipo?
El ordenamiento jurídico argentino prevé que el presidente puede dictar Decretos de Necesidad y Urgencia, cuando las circunstancias lo ameriten. Y que deben ser rechazados por el poder legislativo en un plazo perentorio, luego de su estudio en comisiones o se consideren aprobados en forma tácita. Esto es precisamente lo que está ocurriendo ahora. El DNU ha sido considerado en el Senado, Cámara que representa a las provincias y resta ahora ser considerado en la Cámara de Diputados, cámara que representa a los ciudadanos, como tal.
Por una modificación introducida por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el rechazo de un Decreto de estas características exige el acuerdo de ambas cámaras. Con una sola que lo convalide, el Decreto se mantiene firme. Frente a los cuestionamientos en cuanto a la constitucionalidad del DNU 70/23, y la necesidad y urgencia de su dictado, e incluso, las mayorías necesarias para su rechazo (que son de mitad más uno, cuando cuentan con dictamen de comisión, pero que ascienden a 2/3, cuando son votados sin ese dictamen), el rechazo del Senado puede ser judicializado. No obstante, algunas de sus normas fueron atacadas judicialmente, pese a que estos ataques fueron neutralizados por la decisión de algunos jueces.
En esencia, estamos ante un escenario de gran cuestionamiento del marco jurídico. Para subsanar eso, el Gobierno ha presentado un paquete de leyes de desregulación que refrendarían las disposiciones del Decreto en mención. Y, por supuesto, el debate final es cómo seguirá el ejecutivo luchando contra el déficit fiscal y la inflación, camino a la próxima elección de mitad de término, que puede ser la lápida que termine de sepultar a una serie de posiciones políticas que han evidenciado estar totalmente divorciadas del interés del ciudadano común.
Mientras tanto, el trámite parlamentario de todo este paquete de medidas mantiene en vilo a la ciudadanía, al poder judicial, a las estructuras y alianzas de los partidos políticos, y a inversores y empresarios.